La inhabilitación impuesta por el actual régimen que gobierna Venezuela a la participación de la candidata más opcionada de la oposición en las próximas elecciones presidenciales es la demostración de que no se puede confiar en la palabra de autócratas antidemocráticos. El compromiso vigente del país sudamericano con EE. UU., en función de acuerdos preestablecidos, era el de liberar presos políticos y permitir que se realicen elecciones presidenciales transparentes y libres, a cambio de que se le retirasen las sanciones económicas que le fueron impuestas años atrás. Pero ante el inocultable y creciente repunte de la candidata opositora en las preferencias de los votantes, a través de un pretexto administrativo inventado la inhabilitaron electoralmente. En el caso de que el gobierno de Venezuela no dé marcha atrás en esta decisión que invalida los comicios presidenciales, EE. UU. reimpondrá las sanciones recientemente levantadas.

Los regímenes que basan su permanencia en la imposición de la fuerza y cobijándose en la impunidad, difícilmente entregarán el poder, pues aquello significaría, tarde o temprano, tener que rendir cuentas y acatar las sanciones que los delitos cometidos impliquen. No importa si la situación económica y social de sus poblaciones es insostenible. Solo importa su propia supervivencia. Es una lección que deben aprender todas las naciones democráticas.