El crimen organizado se combate con el trabajo articulado de todos. Y en esa fórmula, en la que están incluidas la Policía y la Fiscalía, la acción de los organismos de control resulta clave. En un contexto donde día a día se ponen al descubierto nuevos casos de lavado de activos como vía para ocultar dinero mal habido de las mafias, la ciudadanía demanda la intervención contundente de entidades como las superintendencias, entre ellas la de Compañías, encargada de vigilar y controlar a las organizaciones, sus actividades y su funcionamiento, así como de detectar las irregularidades en que incurren.

En las últimas semanas se nos ha develado cómo un capo del narcotráfico recurría con frecuencia a la adquisición de proyectos inmobiliarios para lavar dinero, y cómo usaba una empresa de papel para cubrir el ilícito. Un esquema que solo pudo funcionar gracias a laxos controles o a cierta acuciosidad selectiva en la que suelen incurrir muchas autoridades. Aún está por verse qué políticas antilavado se aplican para detectar o prevenir nuevos casos, no solo en el sector inmobiliario, sino en otros que han dado muestras de ser vulnerables, como el mercado de valores, la propia banca y las cooperativas. La vigilancia debe reforzarse con el trabajo articulado del SRI y la UAFE, que también son parte fundamental del sistema de control que debe facilitarle el trabajo a la Justicia.