Crisis penitenciaria: el Estado no puede ser un espectador

Quien pierde la libertad por decisión judicial, y eso incluye al alcalde de Guayaquil, no pierde su condición de persona, ni su derecho a vivir, a recibir atención médica, a no ser torturado, a dormir en condiciones dignas o a conservar vínculos con su familia, porque la cárcel no suspende sus derechos humanos. Y cuando el Estado encierra a alguien asume también una responsabilidad total sobre su vida.

La responsabilidad del Estado en el sistema penitenciario

Por eso resulta tan grave que desde el poder se siga mirando la crisis penitenciaria como si fuera un problema exclusivo de los presos. No lo es. Si dentro de una cárcel se mata, se tortura, se extorsiona o se gobierna desde el miedo, el Estado no puede declararse espectador.

Su deber va más allá del control. También implica separar a los internos según su peligrosidad, impedir que cabecillas criminales operen desde prisión, asegurar defensa legal y acceso a la comunicación con sus familias. Pero además, tiene una obligación aún más incómoda para el discurso punitivo: rehabilitar. Educar. Formar. Preparar para la reinserción.

Cárceles convertidas en espacios de miedo y caos

Si las cárceles se convierten en depósitos humanos dominados por el caos, no solo se vulneran derechos: se fabrica más violencia. Y cuando eso ocurre, el poder político no puede lavarse las manos.