Lo que sucede en el Cabildo quiteño evidencia la urgencia de reformar el Código de la Democracia. Se debe modificar la ley de partidos políticos y establecer condiciones que garanticen que quienes se postulen a cargos en la función pública lo logren solo si cumplen requisitos, que no pueden ser mínimos. Los ciudadanos que aspiren a ser presidente de la República, asambleístas, magistrados de cortes, fiscales, jueces, alcaldes, prefectos, etc. deben tener una hoja de vida libre de escándalos o sospechas de delitos, con una trayectoria sin cuestionamientos por conductas de dudosa moralidad y sin antecedentes judiciales. Es también imprescindible tener instrucción de cuarto nivel (con títulos obtenidos legalmente) y una carrera profesional de prestigio o elevadas destrezas en alguna disciplina o actividad en la que se hayan desempeñado con éxito y prestigio, que asegure los conocimientos y experiencia necesarios para ejercer con excelencia la dignidad a que se aspira. Asimismo, es indispensable instaurar un régimen de partidos y un sistema electoral mucho más rigurosos para que las autoridades que resulten electas tengan real representatividad y legitimidad por haber obtenido altos porcentajes de votos; y revisar el financiamiento de las campañas electorales para evitar la inscripción de un excesivo número de candidatos.