Las cuentas del Estado ecuatoriano mejoran, pero el ajuste tiene un costo

El Gobierno ecuatoriano mantiene su compromiso de avanzar en un proceso de consolidación fiscal bajo el acuerdo de Facilidad Ampliada (EFF, por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional. Aunque a enero de 2026 no se cumplieron algunas de las metas fiscales establecidas en el programa, el país logró la aprobación de la quinta revisión en abril, después de adoptar medidas correctivas que permitieron retomar el camino de ajuste fiscal acordado con el organismo y obtener desembolsos adicionales.

Los resultados de las cuentas públicas durante el primer semestre del año son alentadores. Hasta junio el sector público acumuló un superávit fiscal de USD 616 millones, frente a un déficit de USD 1.126 millones registrado en el mismo período de 2025. La mejora se explica principalmente por el aumento de los ingresos públicos, que crecieron 22,4% frente al primer semestre del año pasado. Dentro de estos ingresos destaca la recaudación tributaria, que aumentó 8,9% interanual.

El buen desempeño de los ingresos permitió al Gobierno financiar un incremento de 7% en el gasto total. Una parte importante de este aumento estuvo relacionada con una mayor inversión pública, que creció 24,7%, y con el incremento de los pagos destinados al servicio de la deuda, que subieron 13,3% en línea con el crecimiento del saldo de la deuda pública.

El resultado más significativo aparece cuando se excluyen los intereses de la deuda pública. El llamado superávit fiscal primario —que permite medir con mayor claridad el manejo de las finanzas públicas sin considerar el servicio de una deuda pública heredada en muchos casos heredada de gobiernos anteriores— prácticamente se triplicó y alcanzó USD 2.870 millones durante los primeros seis meses del año.

El reto no es solamente reducir el tamaño del Estado, sino conseguir que el sector privado tenga la capacidad de absorber a quienes salen del sector público.

La reducción de la burocracia empieza a reflejarse en las cifras

Hay, además, un dato que merece especial atención: la masa salarial del sector público se redujo 1,4% frente al mismo período de 2025. A primera vista, la caída puede parecer pequeña. Sin embargo, tiene una importancia mayor si se considera que una parte del sector público enfrenta aumentos salariales automáticos derivados de la antigüedad, escalafones y los contratos colectivos en los sectores de salud, educación y seguridad. Los datos sugieren que el Gobierno está logrando reducir el tamaño del sector público, principalmente mediante la salida de trabajadores y la decisión de no renovar contratos temporales.

Desde el punto de vista fiscal, esta política contribuye a contener el gasto y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas, aunque requiere en muchos casos un desembolso importante para pagar despidos y jubilaciones anticipadas que frecuentemente se cancelan con nuevos créditos de organismos multilaterales. El impacto entonces puede ser menor al que se espera, pues se reducen futuros gastos en personal pero se lo fondea con deuda que genera mayores gastos de intereses.

Menos empleo público, un desafío para el mercado laboral

Fuera de estos costos, la reducción del tamaño de la burocracia tiene un costo oculto y plantea un dilema para la economía ecuatoriana. El país todavía genera relativamente pocos empleos formales en el sector privado.

Reducir el empleo público puede ser necesario para ordenar las finanzas públicas, pero el reto no es solamente reducir el tamaño del Estado, sino conseguir que el sector privado tenga la capacidad de absorber a quienes salen del sector público. Para ello, es fundamental que existan iniciativas privadas y públicas para la mejora de capacidades, actualización de competencias y perfeccionamiento de aquellos funcionarios públicos que pierden su empleo, para que se puedan reinsertar en el mercado laboral o, alternativamente, mejoren la calidad y el potencial de éxito en sus emprendimientos si ese es el camino que les queda seguir.