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Diario Expreso Ecuador

Rosa Torres | El abuso de una protección

Las mismas mujeres, faltas de ética y de moral, están pervirtiendo un código, distorsionando lo que es un derecho

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El espíritu de la reforma al Código de la Democracia, que rige desde 2020, no era que, bajo el pretexto de la violencia política de género, las mujeres dedicadas a la política comenzaran a denunciar a diestra y siniestra a sus adversarios, como si con ello ayudaran a corregir desigualdades entre lo masculino y lo femenino.

Tan equivocadas están aquellas concejalas, ministras, legisladoras y demás mujeres que ocupan otras dignidades, unas de elección popular y otras no, que, escudadas en una normativa de protección de género, acuden ante el Tribunal Contencioso Electoral para iniciar procesos contra otros funcionarios o servidores públicos a los que antes habrían denunciado por calumnia. Esas mujeres están malgastando el dinero público, que debería estar destinado a verdaderos casos de violencia política.

Tan responsables del tremendo abuso de esta protección son las falsas víctimas como los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que aceptan las denuncias a trámite y emiten las sanciones, así como los asambleístas que, en 2019, hicieron la reforma al Código de la Democracia. Esta reforma contiene una subjetividad y generalidad que permite que cualquier mujer que quiera atacar a su adversario pueda acogerse a la ley, sin importar el tipo de adjetivo calificativo que hayan utilizado en su contra. De esta forma, las mismas mujeres están pervirtiendo un código, distorsionando lo que es un derecho y actuando en contra de quienes sí necesitan esta protección. A esas víctimas les están provocando daño, opacándolas.

¿Y qué es la violencia política de género? Se trata de cualquier acción u omisión que menoscabe o anule los derechos político-electorales de las mujeres. No es violencia política de género cuando un periodista expone las irregularidades de una autoridad, no por ser mujer, sino por estar abusando de su poder o porque está inmersa en actos que menoscaban fondos públicos.

No es violencia política de género que un alcalde le diga “vaga” a una concejal que no asiste a las sesiones del concejo. Tampoco es violencia de género decir “recadera política”. ¿Y si hubiese dicho “recadero político”?

Lo que ocurre es que ni siquiera las mujeres y los hombres dedicados a la política saben leer ni hablar. Eso no es violencia política, es estupidez.

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