Modesto Apolo: Corte Constitucional, ¿ideologizada?
La salida no es ideológica, sino institucional: reforma legal urgente, protocolos técnicos rigurosos y control judicial
La controversia entre la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y la sentencia de la Corte Constitucional, revela una fractura en la coherencia del sistema jurídico ecuatoriano por la extralimitación en sus funciones por parte de la Corte Constitucional.
Desde una perspectiva Constitucional, las sentencias de la Corte, por norma general, tienen efecto vinculante y aplicación directa. Para el Registro Civil, al existir controversia entre las disposiciones de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, el fallo de la corte, en la práctica, se vuelve inejecutable.
El verdadero problema está en la extralimitación de la Corte Constitucional, de sus facultades, al reformar con su fallo, de manera indirecta, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, atentando contra la seguridad jurídica, al arrogarse la calidad de colegislador, que no posee.
La introducción del criterio de “madurez suficiente” abre una zona gris, sin definición legal ni parámetros técnicos uniformes, sobre qué se considera “suficiente”. Se traslada a psicólogos y trabajadores sociales una responsabilidad que desborda lo técnico y roza lo jurisdiccional.
El ordenamiento limita la autonomía de los adolescentes en ámbitos como el voto facultativo, la contratación laboral o la responsabilidad penal, pero habilita decisiones de alto impacto en la identidad jurídica. ¿Se trata de una contradicción o del reconocimiento de una dimensión ideológica progresista?
El neoconstitucionalismo contemporáneo opta por lo segundo, pero exige coherencia normativa, hoy ausente.
La Asamblea y la Corte Constitucional han fallado en traducir el mandato constitucional en reglas operativas. Sin esa arquitectura normativa, la garantía de derechos se convierte en un terreno incierto, tanto para ciudadanos, como para funcionarios.
La salida no es ideológica, sino institucional: reforma legal urgente, protocolos técnicos rigurosos y control judicial efectivo. Sin ello, el país seguirá atrapado entre la legalidad y la improvisación ideológica en los fallos de la Corte Constitucional.