Modesto Apolo | CNE y la fragilidad democrática
El CNE ha abierto un frente innecesario en un momento de alta volatilidad
El adelanto de las elecciones seccionales dispuesto por el CNE no es una simple reprogramación logística. En el contexto actual, esta adquiere una dimensión política y constitucional que tensiona principios del sistema democrático.
La Constitución y el Código de la Democracia establecen como pilares la certeza jurídica, la igualdad de condiciones y la preclusión de etapas. Alterar el calendario electoral sin una justificación robusta debilita estos principios e introduce incertidumbre, la cual impacta la confianza institucional. La invocación preventiva de un posible fenómeno climático, sin evidencia concluyente, es insuficiente frente a los efectos jurídicos que se desencadenan.
El problema de fondo no es solo la decisión, sino sus consecuencias estructurales. Reducir plazos afecta la democracia interna de las organizaciones políticas, limita su capacidad operativa y distorsiona la equidad en la competencia. En sistemas frágiles, los cambios en las reglas de juego generan asimetrías reales. No todos los actores tienen la misma capacidad de adaptación, lo que abre la puerta a exclusiones de facto.
Además, la medida profundiza la tendencia de la judicialización de la política. El protagonismo del Tribunal Contencioso Electoral y eventualmente de la Corte Constitucional no es señal de fortaleza institucional, sino de la incapacidad del sistema para generar certezas desde su órgano rector.
La crítica de la Comisión Nacional Anticorrupción pone en evidencia un déficit de legitimidad. En democracia no basta actuar dentro de la legalidad formal, es indispensable preservar la apariencia de imparcialidad. Cuando las decisiones electorales coinciden con coyunturas sensibles para determinados actores, la suspicacia se instala, aun en ausencia de pruebas de ilegalidad.
Finalmente, el CNE ha abierto un frente innecesario en un momento de alta volatilidad. La estabilidad de las reglas electorales no es un detalle administrativo: es una condición mínima para la credibilidad del sistema democrático. Al alterarla sin sustento sólido, erosiona más que fortalece la institucionalidad.