Es indiscutible que el actual gobierno heredó un elevado déficit fiscal, estimado en 6.000 millones de dólares anuales. También heredó un creciente y descontrolado avance de la delincuencia y el crimen organizado. Aquello explica la comprensión y apoyo ciudadano a la decisión del presidente Noboa de enfrentar tan grave situación con todos los recursos a su alcance, utilizando las fuerzas de seguridad del Estado; es lo que correspondía hacer.

Esa tarea requiere urgentes gastos, con una caja fiscal deficitaria. Para ello se propone incrementar el IVA del 12 al 15 %. He sostenido que es injusto que ante imprevisiones, negligencia y latrocinios de anteriores gobiernos, que permitieron que se saqueen impunemente los recursos del Estado, sean los ciudadanos quienes paguen esos errores.

Se aspiraba que dada la complejidad y urgencia de atender este grave problema de inseguridad, Gobierno y asambleístas hicieran un paréntesis en sus intereses político-partidistas y en diálogo patriótico, franco y abierto, buscaran la mejor forma de superarla, poniendo en primer lugar lo que en todo buen político debe prevalecer: evitar gravar al ciudadano. Aquello no lo han hecho y lo que se está buscando es establecer parches coyunturales para aliviar la falta de liquidez fiscal, sabiendo que cualquier impuesto se traslada al ciudadano.

No existe un plan concertado y bien concebido que procure atender el preocupante problema de la inseguridad, principal factor que agrava la ya aguda crisis económica que vive el país, al afectar las normales actividades ciudadanas, alterar horarios de trabajo, limitar la movilidad, restringir la recreación y lo más indignante, el cierre de pequeños o medianos negocios, víctimas de criminales chantajistas que imponen cuotas para dejarlos trabajar, lo cual es repudiable.

Han surgido múltiples opiniones proponiendo medidas para equilibrar las cuentas fiscales, pero hay dos sugerencias en las que existe coincidencia: la una, combatir sin tregua la corrupción; la otra, ser austeros en el gasto de recursos públicos en los gobiernos nacional y seccionales. Estos incluso cobran altas tasas por seguridad.