El país apoyó la decisión del presidente Noboa de enfrentar con intervención militar la delincuencia y el crimen organizado, una medida que anteriores gobiernos no tomaron. Esta decisión unió al país sin necesidad de ningún diálogo o acuerdo previo, demostrando que cuando un gobierno ejecuta acciones pensando en el interés nacional y no en futuras elecciones o intereses de grupo, tendrá respaldo ciudadano.

El problema es de enorme complejidad por el progresivo deterioro que ha sufrido la institucionalidad democrática. Las bandas delincuenciales que se están enfrentando tienen vínculos transnacionales, poseen cuantiosos recursos bélicos y financieros; y matan, extorsionan y roban, sin ningún respeto a la ley ni a nadie, como el miserable asesinato del fiscal César Suárez, funcionario correcto, cumplidor de sus deberes.

El combate debe ser frontal dentro de la ley, usando inteligencia y las mejores estrategias que tienen las fuerzas de seguridad del Estado.

El país no conoce el plan Fénix del Gobierno, ni el de las Fuerzas Armadas y Policía; es comprensible que sea reservado. Los hechos dirán si lo que están haciendo devolverá la tranquilidad a los ecuatorianos.

Se requiere información oficial orientadora que contrarreste las noticias falsas en las que son muy fecundas las redes sociales. El Ecuador no puede seguir encerrado, con miedo; debe recuperar su convivencia pacífica, restaurar valores como la dignidad, la honestidad, despreciar a quienes se enriquecen ilícitamente robando dineros y bienes públicos que pertenecen a todos. Hay que depurar las fuerzas de seguridad, incluyendo policía de tránsito y la administración de justicia; hay jueces y fiscales identificados que deben ser ejemplarmente sancionados. Enfrentar sin ambages la corrupción enquistada en instituciones nacionales y seccionales, que es el germen de todos los males sociales. El caso Metástasis ha puesto al descubierto algunos vínculos de la delincuencia organizada. Sorprenden noticias como el enriquecimiento ilícito de la esposa de Fito, sin que la UAFE, o algún organismo de control o entidad financiera lo advirtieran.