Es muy compleja la gestión pública. No siempre surge en los tiempos y con las alianzas necesarias y no siempre se “pueden” realizar las tareas pendientes. Veamos qué está pasando con los notarios del país.

En noviembre de 2019 el Consejo de la Judicatura resolvió declarar la terminación de los nombramientos de los notarios cuyos períodos concluían ese mismo año. Asimismo, dispuso la elaboración de reglamentación para el Concurso Público de Méritos y Oposición para la renovación de los cargos. Si bien aún no hay reglamentación ni para nuevo concurso ni para evaluación, el Consejo ha prorrogado las funciones de los notarios, por lo que toda actividad notarial nacional es legítima.

Tal como dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura a mitad de periodo deberá evaluar a los notarios y notarias del país con el fin de verificar eficacia, eficiencia, calidad y calidez en el servicio. Para que esa evaluación sea objetiva y técnica se deberá tener clarísimo cómo se va a determinar si los notarios cumplen los estándares en el código citado.

¿Se necesitaría una reglamentación para la reelección de los notarios ? ¿O es mejor un concurso en el que compitan actuales notarios y nuevos aspirantes? ¿Cómo saber cuál es el mejor camino?

El Consejo tiene la responsabilidad de decidir cómo será su gestión para estar en marcha permanente satisfaciendo el servicio público que brindan los notarios.

Lo que nos preguntamos es ¿por qué no ha decidido aún? ¿Cuenta con los recursos necesarios para un proceso de renovación de notarios o esta ambigüedad es conveniente para alguien? ¿Cuánto dinero necesita el Consejo para cubrir las vacantes en las cortes o para la renovación de notarios? Procesos de esta envergadura cuestan mucho, sin duda alguna.

Los notarios son parte de la función Judicial. Son los depositarios de la fe pública y son quienes tienen la confianza depositada en el Consejo para que consiga los recursos y la voluntad de terminar estas reelecciones pendientes.