Cada año, los gobiernos y legisladores nos sorprenden y causan mayor desconcierto; cada vez con más irrespeto a la ley. Modifican en forma arbitraria las leyes tributarias, contraviniendo e irrespetando el debido proceso y el procedimiento formal y riguroso establecido en la Constitución.

Se crean contribuciones especiales, dicen que son por una sola vez, aunque ya son varias veces desde el terremoto de Manabí del 2016, ocasión en que se comenzó a usar eufemísticamente este mentiroso calificativo. Cada año nos imponen normas tributarias injustas y arbitrarias.

La actual Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, Loeca, aprobada el 12 de marzo de 2024, se la tramitó y aprobó en forma tan atropellada, violando diversos artículos de la Constitución, por lo que ha sido objeto de más de una decena de demandas de inconstitucionalidad de parte de cámaras de la producción, organismos gremiales y grupos afectados, creando una mayor confusión e inseguridad jurídica.

Un gremio de productores denomina al actual periodo como un Marzo negro para todos los empresarios, dado que esta inconsulta ley apenas dio 19 días plazo desde su publicación en el Registro Oficial No 516 para realizar los pagos respectivos, aplicando severas multas equivalentes a un 3 % mensual a quienes eludan o no realicen su pago. Ellos piden corregir vía reglamento y señalan la imposibilidad de efectuar los pagos decretados en el plazo señalado. Hoy miles de empresarios están en mora, producto de esta injusta e ilegal ley.

Los demandantes de inconstitucionalidad tienen razón, no se puede crear leyes con efecto retroactivo, ni crear tributos sobre ejercicios económicos anteriores, cuyos valores y participación de trabajadores ya se pagaron, los balances se cerraron y las empresas los aprobaron debidamente.

Adicional a la mora en el pago de impuestos, se somete a las empresas a un estado de permanente iliquidez, en un periodo que tampoco los bancos podrán prestar dinero nuevo por estar ellos también muy afectados con la febril imaginación de los legisladores, que se creen muy ingeniosos, creando obligaciones inexistentes, que son ilegales e inconstitucionales.