La brecha digital ecuatoriana

Ecuador se encuentra en peligro de quedar desconectado en el mundo digital debido a las políticas públicas sobre el espectro radioeléctrico y concesiones de telecomunicaciones que obstaculizan el desarrollo de redes 5G, competencia e inversión en el sector. La suspensión de las negociaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) para la renovación de los contratos de concesión genera incertidumbre en el sector de telecomunicaciones; afecta tanto a los inversionistas actuales como a los potenciales, impidiendo la llegada de más competidores y limitando el desarrollo de otras actividades económicas relacionadas; y perjudica al consumidor y a la creación de empleo. La falta de asignación por parte de Arcotel del espectro radioeléctrico (aire) evitan el despliegue de redes 5G, recurso esencial para garantizar calidad y velocidad del servicio. Mientras que en la mayoría de países en desarrollo se permite usar en promedio 500 MHz para este fin, el Gobierno ecuatoriano apenas autoriza 280 MHz, muy por debajo del promedio latinoamericano. Según estimaciones de GSMA, para 2025 solo 11 % de los suscriptores móviles en América Latina tendrán acceso a la red 5G, mientras en Europa será 44 %, en China 59 % y en América del Norte 67 %. Además, según el Banco Mundial, si el espectro de banda ancha se incrementa en 10 puntos (MHz), el PIB aumentaría 1,8 puntos porcentuales. Un informe de PwC indica que implantar el 5G sumaría $1,3 billones a la economía mundial en 2030, pues impulsará nuevas aplicaciones revolucionarias en múltiples sectores, como automatización industrial, atención médica, sistemas de transporte inteligente y realidad virtual, pudiendo ayudar a mejorar la prosperidad ambiental y económica internacional.

El modelo de concesión vigente en Ecuador es politizado y no ofrece seguridad jurídica a los inversionistas que confiaron su capital para establecer un negocio en el país. Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de la renovación de los contratos, previa una negociación que concluya con acuerdos justos para las partes. Esto es básico para proteger inversiones de aquellos que han creado empleos adecuados en el país, pero en especial para garantizar el soporte tecnológico indispensable para el crecimiento económico nacional.