La Asamblea Nacional, aprobó el 17 de junio el proyecto de ley que intentaba derogar parcialmente a la ley de apoyo humanitario que evitó profundizar el impacto económico causado por la pandemia. El 21 de julio, el proyecto fue objetado totalmente por el Ejecutivo por su “ligereza técnico-legislativa”. Es que, entre otras perlas, los legisladores planteaban en el proyecto que los contratos especiales emergentes que hayan superado los 90 días del periodo de prueba se conviertan en contratos indefinidos, cambiando las reglas del juego para aquellos empleadores que contrataron desempleados en uno de los momentos más difíciles de la historia.

En otras palabras: ciertos asambleístas aspiraban vulnerar el principio de irretroactividad. La retroactividad de la ley implica que las personas no tengan ninguna seguridad jurídica si sus derechos, actos, situación y cada contrato fueran puestos en discusión, modificados o suprimidos por cambios de parecer del legislador. La irretroactividad de la ley es una garantía admitida por todo derecho civilizado desde antes de Cristo. Es un precepto de orden moral que tiene un interés social. Las reformas deben regir para lo venidero. Es la única forma de mantener la confianza en el ordenamiento jurídico.

Estos actos exteriorizan la ética de algunos legisladores. Lo grave es que esa conducta dificulta la atracción de la inversión por la inseguridad jurídica que despide. Los electores debemos hacer un ‘mea culpa’ porque no presionamos por cambios.

La reforma al sector público debe comenzar por modificar las reglas electorales que han convertido a los partidos políticos en negocios de alquiler en decadencia, en los que no se forman candidatos con fundamentos filosóficos, sino que se postula al famoso, para que el partido pueda sobrevivir como organización que cumple requisitos mínimos de votación. El candidato concebido así, termina entregándose al mejor postor, porque su objetivo principal es servirse y no servir.

Es fundamental que el poder Electoral comience a cumplir su función constitucional de presentar propuestas de iniciativa legislativa y mejorar reglamentos para que se derogue este entramado diseñado para que los aptos prefieran no participar.