¿Milagros judiciales?
Así las cosas, no existen límites. No lo es la ley ni tampoco lo será el castigo. Y la institucionalidad no sobrevive sin límites
En menos de una semana, la cuasi nula credibilidad de la justicia terminó por desplomarse. Unos ‘milagros judiciales’ sirvieron para liberar a Daniel Salcedo y a alias ‘JR’, ambos condenados por varios delitos graves. Y digo ‘milagros’ porque nadie los puede explicar con rigor y sin rubor. Quizás esto solo lo alcancen mentes iniciadas, jueces celestiales o sus corifeos.
Esta pus solo puede brotar de un organismo que no tiene antídoto contra su propio veneno: el juez no es lobo del juez, la coima alimenta la impunidad y viceversa, el crimen paga más que lo que la ley reprime; las condenas rara vez se cumplen en su totalidad; las reparaciones nunca se pagan ni hay quién las persiga; las voces que denuncian son acalladas y por si fuera poco, hay abogados que cobran por hacer todo esto posible.
Así las cosas, no existen límites. No lo es la ley ni tampoco lo será el castigo. Y la institucionalidad no sobrevive sin límites. Lo peor es que las herramientas para taladrar esa institucionalidad las han sacado de las propias leyes. Pero más que de las leyes, de las aplicaciones e interpretaciones que de ellas se han hecho, sobre todo, en las altas Cortes.
Me refiero a que en 2018, la entonces Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia (141-18-SEP-CC) en la que hizo una interpretación del delito de prevaricato. Esta figura penal -que tutela la administración de justicia contra actuaciones torcidas y aberrantes- dio un giro hacia la impunidad y al despeñadero demencial que vivimos. La interpretación de la CC generó una laguna de punibilidad, por la que cualquier juez, cuando actúa en materia de garantías jurisdiccionales (léase ‘habeas corpus’ o acciones de protección) no será susceptible de recibir castigo por torcer la ley, desviarse de la norma o ser arbitrario. Literalmente se vuelve un juez irresponsable.
Los resultados de esa interpretación absurda están a la vista: la ‘creatividad y el activismo judicial’ han degenerado en prácticas corruptas altamente rentables.
La actual CC debe apartarse de este precedente y ajustar la interpretación del prevaricato a un sentido democrático, reconduciéndolo hacia una justicia constitucional con responsabilidad.
Nadie está por encima de la ley, mucho menos los jueces.
