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Fausto Ortiz: Quemando puentes

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El Gobierno le da la oportunidad a la Asamblea Nacional de no verse obligado a tomar otro tipo de medidas alternativas

No hay suficientes ingresos para atender los gastos que corresponden al normal desenvolvimiento del Presupuesto General del Estado. Muchos piden que sea el gasto el que se recorte, incluso varios que hacen el seguimiento técnico. El problema hace rato era de ingresos más que de gastos. Frente al tamaño de la economía, el gasto en 2013 representó 27, y en 2023 el 21,8 %. Más de cinco puntos de reducción en la última década y a pesar de ello el déficit fiscal bordeó 5 % del PIB. Que hay que buscar eficiencia en el gasto, por supuesto, debe ser una lucha constante y frontal.

¿Cuál gasto se contrajo más en los últimos tiempos? El de inversión o la obra pública. Este gasto se debe financiar con ingresos petroleros que no logran repuntar por el enorme peso de los subsidios de combustibles y eso debió dar luces de qué era necesario corregir, bien sea gradual o de forma brusca.

Los gastos permanentes (sueldos, bonos sociales, seguridad social e intereses) deben ser atendidos con ingresos permanentes (impuestos). Es una regla fiscal que consta en la Constitución. En los últimos años esta paridad no se venía dando y tanto Ministerio de Finanzas como Asamblea Nacional preferían ver hacia un costado, incluso no considerando las transferencias a las prefecturas y municipios (GAD) como lo que realmente son: mayoritariamente gastos permanentes, ya que se originan en 21% de impuestos y en buena parte se destinan a pagar sueldos y deben ser financiados con impuestos.

El tercer proyecto de ley del Ejecutivo ha sido enviado para análisis y aprobación de la Asamblea Nacional. Busca subir el IVA del 12 % al 15 %, busca mejorar ingresos en más de $ 1.500 millones anuales para atender gastos permanentes que hoy no alcanzan a ser cubiertos.

En mi lectura, el Gobierno le da la oportunidad a la Asamblea Nacional de no verse obligado a tomar otro tipo de medidas alternativas como sería solicitar una rebaja importante del porcentaje de recursos que se deben otorgar a los GAD. La Constitución señala un piso de 15 % sobre los ingresos permanentes y hoy es 21 %. La otra medida a la espera, que aporta la misma cantidad de ingresos que esos tres puntos de IVA es un aumento de precios de combustibles, tanto de extra como diésel. Esta medida se puede tomar sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional.

Hemos venido creciendo cada vez más lentamente. No importa con qué indicador se mida, la economía se ha venido enfriando. Veamos cifras de crecimiento de los años 2021 a 2023. PIB con año base 2007: 4 %, 3 %, 1 %. PIB con año base 2018: 10 %, 6 %, 2 %. Ventas: 22 %, 15 %, 2 %. Consumo hogares: 13 %, 7 %, 1 %.

Un incremento de tres puntos del IVA no va a darle la vuelta a las cifras fiscales, tampoco lo hará un incremento de precio de los combustibles y seguramente tampoco una reducción de las asignaciones presupuestarias a los GAD. Son medidas fiscales para intentar achicar el tamaño del déficit y que ello permita retomar acceso a financiamiento al tiempo que atender principalmente temas sociales, en el caso del IVA, o la obra pública, en el caso de los subsidios.

El Gobierno va quemando puentes, no dispone de tiempo, busca pasar el mensaje de que es necesario corregir en conjunto, tiene opciones, pero ha preferido embarcar a la Asamblea en el mismo barco. Veamos quiénes se quedan.