Siempre me ha resultado sorprendente -no soy penalista, pero sí litigante en otras materias- la forma en que los fiscales manejan sus expedientes de investigación previa, esto es la que realizan antes de decidir si inician -o no- un proceso penal. Según la ley esa investigación es reservada. Y eso está muy bien, pues obviedad es que ventilar públicamente que se está indagando tal o cual cosa, o las líneas o hipótesis que se baraja, por lo menos pone en riesgo el éxito de la investigación. No se necesita ser experto para entenderlo.

Pero resulta que en el paisito de los ritualismos y formalidades, los fiscales hasta emiten providencias, al estilo judicial, que con la ficción de un supuesto respeto al derecho a la defensa, inclusive son notificadas a todos los sospechosos, quienes de esa forma están perfectamente enterados del curso de las averiguaciones y hasta del calendario para la recepción de versiones, a investigados o potenciales testigos. Los fiscales del primer mundo no permiten que nadie sepa ese tipo de detalles. Las investigaciones se manejan con real reserva, y así lo manda la ley aquí, pero es letra muerta, como lo es también en muchos otros asuntos, dicho sea de paso.

No obstante, para algún duende escondido en la Comisión de Justicia de la Asamblea lo anterior ni siquiera es suficiente. Y por eso ha enchufado, en el informe para segundo debate de un proyecto de reformas al Código Integral Penal, un texto según el cual no habría reserva cuando los “…organismos de control político, jurídico o administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa, circunstancia en la cual la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida…” (art. 584).

Y no es que semejante adefesio vaya a poner en riesgo la real reserva de las investigaciones, pues como ya está visto hoy hasta se notifica oficialmente a los sospechosos las decisiones que van tomando los fiscales. El adefesio no es inocente y va mucho más lejos. En verdad busca, a guisa de ‘control’, poder cuestionar pública -y dizque legítimamente- el curso de unas investigaciones, para torpedearlas y tratar de direccionarlas, con la cobertura de alguna hipocresía, según las conveniencias del cuestionador.

Esto no es asunto de personas. A la reserva hay que fortalecerla. Hoy se la quiere pulverizar.