Después de un manejo irresponsable de la economía por más de una década, las finanzas públicas de nuestro país atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. Hoy se estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre 10% y 11 %. Además, se proyecta una reducción de los ingresos estatales en $ 7.900 millones en 2020 respecto al año anterior, provocando un déficit fiscal sin precedentes de 8,9 % del PIB.

Ante este escenario fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución satanizada por el correísmo, salió al rescate de la economía ecuatoriana. El FMI aprobó un acceso excepcional por $6.500 millones, superando ampliamente la cuota establecida para Ecuador. Este financiamiento consiste de un crédito de libre disponibilidad por un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,9 %.

Los principales objetivos del acuerdo son los siguientes: (1) ampliar la red de protección social; (2) restaurar la sostenibilidad fiscal y transparencia; (3) mejorar el marco institucional del banco central y salvaguardar la estabilidad financiera y; (4) fortalecer la competitividad y el crecimiento. Para lograr estos objetivos, el programa establece varias metas fiscales y sociales. El acuerdo propone ampliar la cobertura de transferencias monetarias o bonos hacia las familias más vulnerables del 37 % al 80 % hasta 2021. Además, el programa plantea una consolidación fiscal de 3,3 % y 3,0 % del PIB en 2021 y 2022, respectivamente.

Para conseguir esta consolidación fiscal, se plantea la aprobación de una reforma tributaria de corte recaudador durante el segundo semestre de 2021. Dicha reforma busca incrementar la recaudación en cerca de 2,5 % del PIB en 2022. La reforma tributaria contempla 12 medidas. Entre las más relevantes están: (1) aumentar el IVA al 15 %; (2) eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores; (3) gravar el décimo tercer y décimo cuarto sueldo con impuesto a la renta; (4) establecer un impuesto a la gasolina; (5) establecer un tributo a las emisiones de CO2 y; (6) expandir la base del impuesto a las telecomunicaciones.

El acuerdo también establece reducir el nivel de endeudamiento al 56 % del PIB en 2025 y alcanzar un resultado global de 0,6 % del PIB en 2022. Adicionalmente, el programa propone la aprobación de una legislación para combatir la corrupción. Finalmente, se plantea aplicar la misma normativa contable, laboral y tributaria de las compañías privadas a las empresas públicas, a fin de promover su eficiencia y transparencia.

Queda claro que el acuerdo con el FMI es necesario, sin embargo, varios de sus detalles son perfectibles. El objetivo de la reforma tributaria no debe ser únicamente aumentar la recaudación. También debe enfocarse en remover impuestos distorsivos y agilizar la tributación, a fin de resolver la grave crisis de competitividad que padece el país. Además, es importante impulsar la presencia del sector privado a través de concesiones y alianzas público-privadas, especialmente, en aquellos sectores que requieren cuantiosas inversiones. Afortunadamente, existe la apertura por parte del FMI para revisar los detalles del acuerdo con el próximo Gobierno. El trabajo coordinado entre el FMI y el próximo Gobierno será clave para culminar con éxito el acuerdo.