Por más llanto y advertencias que hayan dado, desde los banqueros hasta el movimiento indígena; por más berrinche y golpes de pecho que hayan fingido los partidos que integran la alianza con el oficialismo, el Ecuador sabía que el IVA se venía con todo.

“¡Tongo! ¡Tongo!”, exclaman desde el correísmo, la misma gente que en su momento tuvo el descaro de salirse del pleno en media sesión para darle íntegra su reforma tributaria a Guillermo Lasso, que presto se volteó para entregársela cual dote al Fondo Monetario.

Sabiendo que repetir la estrategia usada en diciembre del 2021 les podría salir caro en un año preelectoral, la Gran Alianza optó por un plan más complejo. Ahora aspiran a marearnos con harto debate jurídico mientras se chantan la culpa entre los tres socios del pacto.

Esta vez se han valido de la votación por bloques y del veto parcial para entucarnos una reforma importante, necesaria, hasta urgente, pero no lo suficiente como para que nuestros cobardes legisladores la apoyen de frente. Sí, el IVA es regresivo, pero si tanto les importase la gente, si fuese tan grave, hubiesen roto el pacto.

La política es un toma y daca. Cuando es honesta, lo que se toma y da es público, endosos de apoyos y de votos; y legal, sin confusión ni doblez. El correísmo ya había conseguido que se incluyan exacciones a la banca y a las sociedades. El PSC, por su parte, podía decir que el IVA solamente subiría un punto de forma permanente. Pero ellos no están para esas explicaciones. Consideran que la ciudadanía es demasiado tonta como para negociar o siquiera entender el trato.

Ahora nos queda esperar a ver si la Corte Constitucional dice algo. De todas formas el daño ya está hecho. No los tributos, que si la Corte no los elimina terminarán extintos en el tiempo, excepto el ISD y ese puntito del IVA que un futuro gobierno, o este mismo, podrán deshacer sin problemas.

El daño es a la confianza en las instituciones democráticas, que ya estaba herida y por eso mismo empezó el relajo con el IVA. La gente no quiere darle más plata a un Estado y a unos políticos que, contra lo que decía una asambleísta, pueden llegar a ser los peores vacunadores.