En los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ha sido testigo de la aprobación de cuatro leyes económicas que han encendido intensos debates sobre su eficacia y consecuencias a largo plazo.

La introducción de zonas francas, el fortalecimiento de las Asociaciones Público Privadas (APP), y los incentivos en el sector turístico, junto con el apoyo al empleo joven y marginado reflejan una intención positiva de estimular el sector productivo y generar empleo.

Sin embargo, un análisis detenido de estas medidas económicas desentraña un marco fiscal y regulatorio que, lejos de favorecer un clima de libertad económica y competitividad, lo asfixia bajo el peso de nuevas cargas tributarias y restricciones financieras.

Esto evidencia una preocupante tendencia hacia un intervencionismo estatal excesivo, con un enfoque miope del manejo fiscal que desincentiva la inversión privada, extrayendo recursos privados para ponerlos al servicio de un Estado ocioso y obeso.

Este panorama fiscal se agrava con el cambio de estrategia del Gobierno, que de prometer no aumentar impuestos pasó a implementar un paquete tributario sin precedentes.

Se evidencia una gestión económica que busca solucionar la ineficiencia estatal y su crónico problema de liquidez a expensas del sector productivo, erosionando la base sobre la cual debería sustentarse la recuperación y el crecimiento económico.

El efecto directo de estas medidas sobre el consumo, debido al incremento del IVA, y sobre la inversión, tanto local como extranjera, debido al ISD, junto con un mayor gravamen a las empresas, se traduce en menos dinero para reinvertir, menos consumo y, por ende, menos empleo.

En total, se estima que estas medidas extraerán unos 4.300 millones de dólares de la economía, monto nunca antes visto como resultado de una reforma tributaria, eclipsando a la del Gobierno anterior, que llegó a impactar en 900 millones de dólares anuales.

El resultado anticipado es un efecto recesivo en una economía ya vulnerable.

La decisión de destinar estos recursos a un incremento del gasto público en 4.000 millones de dólares, sin una correspondiente mejora en la eficiencia del gasto ni en la austeridad fiscal, demuestra que el ajuste fiscal se está trasladando a los ciudadanos y al sector productivo a través de impuestos, sin abordar la raíz del problema: el gasto público excesivo e ineficiente.

El presupuesto para 2024 revela la falta de una estrategia de austeridad fiscal sostenible.

A pesar del aumento en los ingresos tributarios esperado para este año, la dependencia del gasto público como motor de crecimiento, financiado a través de impuestos, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal y económica a largo plazo.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de reformas profundas que prioricen la eficiencia del gasto público, la liberalización del mercado y la promoción de un entorno competitivo que favorezca la inversión y el empleo.

Sin un límite al gasto público y una reorientación hacia políticas que verdaderamente estimulen el sector productivo, el ciclo de intervencionismo estatal y deterioro económico está destinado a continuar.