He dedicado mis últimas dos columnas a dar un vistazo a la Argentina de Milei, la Argentina del cambio, que se atrevió a dar un giro histórico hacia el libertarismo, que buscó acabar con el Estado omnipresente y despilfarrador, depredador de las arcas públicas, un Estado cooptado por un gobierno atrincherado en el poder durante los últimos cuatro lustros, bajo el manto del socialismo del siglo XXI y salpicado de innumerables actos de corrupción.

La Argentina de Milei promete acabar con la hegemonía del discurso socialista propagado por la izquierda latinoamericana caviar; busca eliminar la política intervencionista de un Estado obeso que, durante años, se enfocó en el gasto desmedido financiado por la vía de la emisión inorgánica de dinero, emisión que conlleva al más grande de todos los impuestos, la inflación.

Milei llegó con la promesa de llevar un control férreo del gasto público, de adoptar políticas que incentiven la iniciativa privada como medio para la generación de empleo, políticas de austeridad a fin de que el Estado deje de meterle la mano al bolsillo de sus ciudadanos. Milei llegó con la promesa de demostrar al mundo que “El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta”, como textualmente lo dijo en el foro económico de Davos.

Estemos atentos a su gobierno y al cumplimiento de estas promesas. Que no le pase lo que le pasa a nuestros gobernantes, quienes son elegidos con una agenda de campaña determinada, para luego hacer muchas veces todo lo contrario durante sus mandatos.

Lo vivimos con el expresidente, Guillermo Lasso, quien durante su campaña profesaba políticas económicas de corte neoliberal que apuntaban al control del gasto público, la lucha contra la corrupción y la negativa a incrementar impuestos. Al finalizar anticipadamente su gobierno se podía evidenciar que el gasto público no bajó, la corrupción se mantuvo incrustada en todos los estamentos del Estado y el incremento de impuestos se materializó mediante impuestos al patrimonio y un mayor impuesto a la renta, bajo la denominada figura de contribuciones especiales que buscaban subvencionar la compra de vacunas para el coronavirus.

Moreno y Correa hicieron lo propio. El primero, eliminando los subsidios, cuando en campaña decía que no lo haría y el segundo, subiendo impuestos, cuando en campaña prometía bajar hasta el IVA. Ambos recurrieron a las ‘contribuciones especiales’, por la pandemia y por el terremoto de Manabí respectivamente, gravando el patrimonio.

La historia se repite. En esta ocasión, con la excusa de financiar la lucha contra el terrorismo, el actual presidente solicita a la Asamblea incrementar el IVA al 15 %, sin mediar un plazo o un presupuesto a saber. La Asamblea plantea alternativas peores, proponiendo impuestos confiscatorios a la banca, incrementos al ISD, impuestos a los salarios superiores a 1.000 dólares. Todas estas iniciativas tributarias buscan ayudar al Gobierno a pasar el bache actual, pero al igual que las anteriores, no atacan el problema de fondo, el insostenible gasto fiscal del Estado, un estado obeso e ineficiente. Recurren a la medida facilista, meter la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos.