Bernardo Tobar Carrión | Los límites de la ley

La reciente eutanasia de Noelia atiza una vieja discusión, tan antigua como la reflexión sobre la vida y la muerte, el destino, la libertad. Séneca se valió de algunos ejemplos para su alegato del buen morir, como el del final que se procuró a sí mismo Tullius Marcellinus, aquejado a la vejez de una enfermedad más incómoda que incurable o insufrible, o la célebre historia, más pertinente a la cuestión de terminar la propia vida por honor, del niño espartano que fue hecho prisionero y estrelló fatalmente su cabeza contra una pared cuando pretendieron forzarlo a la esclavitud. El maestro estoico afirmaba que la vida misma es esclavitud si está ausente el coraje para morir y preguntaba si acaso no sabemos que morir es también una de las obligaciones de la vida.

La jurisprudencia romana justificaba el suicidio asistido por razones de enfermedad y sufrimiento y el Digesto no lo consideraba punible, si la cobardía o la evasión de las deudas no era la causa, a diferencia del derecho medieval, que lo prohibía sin excepción siguiendo a los escolásticos. La cuestión es dónde se levanta la frontera entre la órbita del legislador y el fuero individual, donde cada cual manda soberano y asume las consecuencias. ¿Dónde se traza la línea que da al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios? ¿Hasta dónde el canon moral, religioso o laico -no acaba de convencerme una moralidad sin origen superior, pues la separación entre el bien y el mal sería fruto de la moda intelectual, puro convencionalismo-, debe traducirse en prohibiciones del derecho positivo?

En lo personal no creo que el hombre tenga derecho natural a poner fin a su vida, salvo que su prolongación no sea posible sin medios extraordinarios, distinción que ya perfiló Benedicto XVI. Pero el debate equivocaría el meollo si apuntara al valor de un canon moral, cuando lo que debe discutirse es el límite de la ley humana. Se violentaría la libertad por su raíz sobrenatural si el Estado se convirtiera en tutor moral de las personas o se atribuyera la competencia de censurar o interferir, si no impactan el derecho de otros, en sus decisiones de conciencia, que para eso hay otros tribunales en el más allá. Y nadie, mucho menos la mayoría a través de una asamblea legislativa, debería tener derecho sobre la vida de otro o su terminación.