La Asamblea Nacional, a propósito de los Pandora Papers, tiene como prioritaria tarea pronunciarse con mayor presupuesto a la Fiscalía del Estado, Función Judicial, CNJ, para acelerar las investigaciones de los latrocinios cometidos dentro de los últimos catorce años de gobiernos del siglo 21, que se autocalifican de perseguidos políticos, se victimizan por denuncias de corrupción contra muchos funcionarios públicos de dichos gobiernos, alegando que nunca han “delinquido”, “robado” a las arcas fiscales.

Constituye un reto para el país desenmascarar a los presuntos delincuentes, aunque todos presumimos quiénes son, ya que lo robado tiene que estar depositado en estos paraísos fiscales de Irlanda, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Islas Bermudas, Islas Caimán, Holanda, Suiza, Curazao, Hong Kong, Bélgica, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio, Islas Vírgenes Británicas, etc. Las autoridades judiciales y policiales de los EE. UU. deben colaborar de oficio para que ayuden a descubrir dónde están los billones de dólares mal habidos, obtenidos por corrupción en nuestro país, así como sus testaferros, para que sean devueltos e invertirlos en obras necesarias, paguen sus delitos con pena máxima. La información deben enviarla a la Fiscalía General del Estado, a periodistas de investigación. El Estado debe reconocer un (30) % de lo recuperado.

Jorge Arámbulo