Minería legal, una oportunidad de oro

La minería abre oportunidades de desarrollo y es clave para la transición energética. Sin embargo, aquí aún la asimilamos con minería ilegal (extracción ilícita de minerales), causante de problemas sociales, ambientales y económicos. Trae pérdida de control sobre el territorio, debilita la gobernabilidad y cuestiona la protección del Estado. Grupos informales operan al margen de la ley; por ello el Gobierno declaró a la extracción ilegal de minerales una amenaza para la seguridad. Es urgente promover una industria legal y regulada con altos estándares socioambientales, que frene un fenómeno que obstaculiza el desarrollo de buenos proyectos y ahuyenta nuevas inversiones. Cuando una minera multinacional invierte en Ecuador se acoge a la regulación de organismos de control, cumple requisitos para sus operaciones con compromiso de establecer mecanismos de diálogo y participación con comunidades locales y rendir cuentas constantemente. La ilegalidad no rinde cuentas, no paga impuestos y genera daños ambientales y colaterales. Esto ya sucede en espacios donde existió un proyecto minero formal, Río Blanco (suspendido desde 2018). Tras su cierre, la zona fue tomada por ilegales que han amedrentado y provocado daños graves en la población y ecosistemas. En Azuay se está debatiendo un proceso que podría frenar el proyecto Loma Larga. Este caso podría diluir la oportunidad de cambiar la historia de la minería en Azuay, abriendo camino a la ilegalidad y sus nefastas consecuencias.

Patricio Vargas, presidente

Cámara de Minería del Azuay