Aclaración necesaria ante la pérdida de memoria de algunas autoridades
La consulta popular de Cuenca prohibió la minería metálica en zonas de recarga hídrica, pero las concesiones de Loma Larga aún siguen vigentes.
El proyecto minero Loma larga, ubicado en la zona de Kimsakocha, permanece en el centro del debate por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua de Cuenca.
El Gobierno nacional tiene competencia para otorgar concesiones de minería metálica y autorizar el paso a sus distintas fases: prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre. En la consulta popular por el agua de Cuenca, celebrada el 7 de febrero de 2021, la ciudadanía prohibió la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
El mandato de la consulta popular
La Corte Constitucional, al dictaminar sobre la consulta, señaló que sus efectos, ante un pronunciamiento afirmativo, serían únicamente hacia el futuro. En esa fecha, el proyecto minero Loma Larga (Kimsakocha) y otras concesiones del cantón Cuenca aún no habían llegado a la fase de explotación. Por tanto, desde el 7 de febrero de 2021, el Estado no podía continuar trámites administrativos destinados a alcanzar dicha fase.
Este mandato popular es obligatorio e inmediato, conforme al art. 106 de la Constitución, y vincula al Gobierno, GAD, jueces, tribunales y demás instituciones públicas y personas. Pese a ello, el Gobierno otorgó a DPM la licencia ambiental para avanzar hacia la explotación de Loma Larga. La movilización ciudadana del 16 de septiembre de 2025, denominada Quinto Río, obligó a revocar dicha licencia. Sin embargo, las concesiones mineras subsisten jurídicamente, manteniendo la amenaza de explotación en los páramos y zonas de recarga hídrica de Cuenca.
La disputa por las concesiones mineras
Por ello, la ciudadanía tiene fundamento para exigir la cancelación de estas concesiones y que el juez de ejecución de la sentencia de la Corte de Justicia del Azuay, dictada en la acción de protección promovida por la FOA y juntas de agua contra el MAATE, declare incumplidas las medidas ordenadas: informes sobre Kimsakocha, sustentabilidad y uso del agua, consulta ambiental y consulta previa a la Comunidad de Escaleras; y, en consecuencia, ordene el archivo del expediente. Finalmente, jurídicamente, el Gobierno no está obligado a autorizar el paso de una fase minera a otra, y menos aún a la fase de explotación.
Carlos Castro Riera
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