La invasión de la mediocridad en Ecuador: política, profesionales y el costo para el país
La mediocridad se ha instalado en la política y en el ejercicio profesional en Ecuador, afectando la institucionalidad, la ética y el desarrollo del país

La presencia de mediocridad en espacios políticos y profesionales impacta directamente en la toma de decisiones y el desarrollo del país.
Los ecuatorianos estamos frente a una invasión de mediocres, tanto política como profesionalmente. El mediocre se caracteriza por ser limitado en su razonamiento, recurriendo al dogmatismo o fanatismo como tabla de salvación y justificación de su incapacidad, asumiendo esa condición como si fuera un mérito.
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Espacios fértiles para la mediocridad
Los espacios para el mediocre son amplios: partidos o movimientos políticos que exigen incondicionalidad hacia un líder (sin importar la mediocridad de sus pronunciamientos, que no entienden), puestos burocráticos donde no se exige esfuerzo mental, religiones donde prevalece el dogmatismo sobre el razonamiento y muchas otras formas. Estamos copados de esa mediocridad. Vemos profesionales mediocres que aprueban obras o contratos pese a que sus conocimientos les indican lo contrario; abogados que retuercen leyes para justificar pronunciamientos, como aquel catedrático y exdecano que afirmó que el grillete debía sacarse del tobillo para cargarlo, además de expresiones como “rompido” o “descubrido”, que evidencian desconocimiento del idioma y falta de lectura. Tampoco faltan quienes creen que demostrar profesionalismo es usar términos rebuscados, fuera de contexto, solo para aparentar conocimiento. También abundan acusaciones sin pruebas emitidas por líderes políticos para desprestigiar gobiernos y generar escándalo, sin razón ni justicia. Se conocen casos de países donde se permiten títulos fraudulentos para ocupar cargos públicos que requieren formación técnica, o donde se sobrevaloran títulos extranjeros para colocar personas en esos puestos.
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Cuando la mediocridad toma el poder
La mediocridad profesional debe ser detenida. El progreso del país se frena con su participación en la gestión pública; en cargos de responsabilidad, es un atentado contra el país. Esto se evidenció cuando un tribunal supremo electoral buscó recovecos legales para destituir a 57 o 59 diputados por pensar diferente al presidente de turno. Más grave aún, muchos que lo aplaudieron en su momento hoy protestan por el adelanto de elecciones.
José M. Jalil Haas