El 7 de marzo de 2007 se dio la inmoral e ilegal destitución de 57 legisladores por disposición del TSE, presidido por Jorge Acosta, con voto decisivo de Elsa Bucaram; ahora J. Acosta se ha dedicado a defender a muchos de los cuestionados y reos de la vindicta pública. Resulta que la CIDH está analizando el caso. ¿Cuánto le va a costar esto al país? Más de 10 millones. La Procuraduría está preparando una defensa pero ¿cómo se puede defender lo indefendible, moralmente cuestionable, y la falta de ética de quienes lo llevaron adelante y dieron paso a casi ya 14 años de desgobierno y corrupción? Hay que alistarse para los respectivos juicios de repetición inmediatamente.

Ab. Álvaro Luque B.