El Gobierno, tras graves incidentes, pudo librarse del bloqueo de la Asamblea. Sin embargo, ha asomado otro, compuesto por menos personas, ilustrados todos, pero activistas hasta la obsesión, contra todo lo que significa iniciativa del Gobierno. Son los jueces de la Corte Constitucional (CC), que volvieron a negar el visto bueno a los dos decretos que envió el señor Lasso. Los motivos son de ambigua interpretación. Califican la urgencia con otra óptica, dejándola para el próximo gobierno, cualquiera que sea. Asumen que no habría oposición al próximo gobierno si la Asamblea resulta favorable a su gestión. Es incomprensible esta postura que está muy reñida con el concepto de imparcialidad, y que más bien concatena con la idea de que ser activista bajo las instrucciones de una constitución correísta es ideal para estar bajo su sombra y ulterior protección. En nombre del pueblo hablan los jueces pero deben negar peticiones que se hagan en nombre del pueblo. Está transparente la certidumbre con la cual la Corte Constitucional carga un pesado fardo: ser responsable del juicio político al señor Lasso, evitando calificar la improcedencia de la petición, que incluye la sistemática negativa a poner la firma digital de aprobación a los decretos. En la práctica, la CC está más arriba de donde le corresponde. El señor Lasso tiene cada vez menos tiempo para gobernar. Nadie está más arriba del Ejecutivo dentro del concepto de balance de poder, pero se ve que lo que el señor Lasso haga o diga no tiene importancia alguna.
Juan Francisco Bayancela G.
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