Se llegó a la conclusión en la Judicatura de que el Satje ya no podía satisfacer las necesidades del sistema judicial. Fue una salida provisional hasta que se ponga en marcha un nuevo sistema, de mayor capacidad, llamado Justicia 2.0. 

Esta iniciativa arrancó en 2012 y hubo un proceso piloto en 2014. La Judicatura pagó $ 23,7 millones por ese nuevo software y hardware, pero finalmente nunca fue utilizado. Este contrato se ejecutó durante la emergencia judicial, que el gobierno de Rafael Correa declaró en 2011 y que hizo contrataciones millonarias en ese sector. 

La Contraloría emitió informe con glosa contra la contratista española Indra y desde entonces existe una disputa en los tribunales.

Mario Guerrero Burgos