Los mayores estímulos para la corrupción son la impunidad y que los corruptos gocen de sus fortunas libremente. Los estudiantes de las facultades de jurisprudencia y de otras especialidades, por propia iniciativa o convocados por autoridades del nuevo gobierno, deberían organizar veedurías con alcance nacional para vigilar los procesos de los casos de corrupción más emblemáticos, que se difieren o demoran aplicando artimañas de abogados y jueces, que nadie controla con eficacia, hasta lograr que prescriban o caduquen las acciones legales. 

Con guía de profesores especializados, respetando las atribuciones de las instituciones y el debido proceso, iniciar la elaboración de un inventario de los casos de corrupción, incorporando los que se presentarán a futuro, sin orientación política, para vigilar que se cumplan las normas legales e informar a la opinión pública y a las instituciones competentes, las acciones u omisiones de los administradores de justicia y de organismos de control, para que adopten las acciones correctivas que correspondan. 

En caso de subsistir su inacción, deberían exigir su cumplimiento con participación de la ciudadanía. 

No es tarea fácil pero debemos promover en los estudiantes universitarios conciencia cívica para evitar la impunidad. Una experiencia parecida se realizó entre 1999 y 2001 con el liderazgo de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con resultados exitosos. La participación de la academia debería extenderse a vigilar la gestión de la Asamblea, el CPCCS, el CJ, que han sido en los últimos años las instituciones más cuestionadas, y cuyas acciones u omisiones estimulan la impunidad.

Mario Andrade Trujillo