La función del abogado

Las democracias suelen medirse por la limpieza de sus elecciones o por la independencia de sus jueces. Sin embargo, existe una garantía menos visible pero igualmente decisiva: la posibilidad de que toda persona pueda contar con una defensa jurídica libre e independiente. Cuando esa garantía se debilita se afecta el libre ejercicio de la defensa y también la posibilidad de que cualquier ciudadano haga valer sus derechos frente al poder.

Independencia y cumplimiento de las leyes

En un sistema democrático, el papel del abogado no se limita a redactar contratos o representar a un cliente en juicio. Su función consiste en hacer efectivo el derecho a la defensa y exigir que los procesos se desarrollen conforme al debido proceso. Sin esa intervención técnica, las reglas pierden eficacia y la protección frente al poder se debilita. El abogado cumple además una función de control institucional. Al impugnar decisiones administrativas y judiciales activa los mecanismos previstos por el propio ordenamiento para limitar el ejercicio del poder. También contribuye a equilibrar las relaciones entre particulares, permitiendo que quien enfrenta una posición de desventaja pueda hacer valer sus derechos en condiciones de igualdad. Ese rol se ejerce hoy en un ambiente de desconfianza generalizada. La ciudadanía valora poco al sistema judicial y los abogados no han escapado de esa crisis de legitimidad. Ya no basta con el título profesional. La credibilidad se gana o se pierde con la independencia, el rigor técnico y la integridad con que cada abogado desempeña su trabajo.

La democracia no se sostiene únicamente en elecciones, sino en el funcionamiento cotidiano de sus instituciones. En ese entramado, el abogado cumple la función esencial de hacer que los derechos y las reglas sean exigibles en casos concretos. Por eso resulta preocupante que el legítimo ejercicio profesional pueda convertirse en motivo de investigaciones que generen un efecto inhibidor sobre quienes ejercen la defensa o cuestionan jurídicamente el poder. Más allá de cómo concluya un caso concreto, la fortaleza de una democracia también depende de que existan abogados capaces de ejercer su profesión con independencia y de exigir el cumplimiento de la ley, incluso cuando hacerlo resulte incómodo al poder.