Después de más de dos años de la muerte del mexicano Octavio Ocaña, se dictó sentencia en contra de Leopoldo Azuara de la Luz, expolicía acusado de homicidio doloso. El actor murió a los 22 años tras una persecución en una autopista.

Durante la audiencia, se hizo la individualización de las penas de Azuara, que consiste en dar a conocer la sentencia por los dos delitos, el homicidio doloso del actor y abuso de autoridad en contra de Octavio y las personas con las que viajaba el 29 de octubre en su camioneta en el momento en que le dispararon.

Fue el abogado de la familia del histrión, Francisco Javier Hernández, quien informó que la pena de Leopoldo Azuara por el homicidio es de 12 años y 6 meses en la cárcel.

Además, por el delito de abuso de autoridad, el expolicía tendrá que estar en la cárcel por 8 años y 4 meses.

En total, Leopoldo Azuara de la Luz estará tras las rejas por 20 años y 9 meses.

Aunado a esto, se tiene que considerar la reparación del daño a la familia Pérez Ocaña, pero el monto no se hará público ya que los pondría en riesgo; el abogado mencionó que es una cifra “estratosférica”.

El defensor legal aprovechó para defender la imagen del actor conocido por su papel de Benito Rivers en 'Vecinos', pues en redes sociales señalaron que supuestamente sí se habría confirmado que él se quitó la vida durante la persecución.

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Sin embargo, el abogado explicó que la jueza determinó su decisión a partir de todas las pruebas que ellos y la defensa del expolicía desahogaron y, de haber sido como lo aseguran en redes, no se hubiera calificado como homicidio doloso ni habría alcanzado la pena que le dieron a Azuara.

También pidió recordar que, en un inicio, el caso estaba siendo investigado como si hubiera sido accidente, después se reclasificó a delito culposo.

No obstante, debido a que la familia contrató peritos para demostrar que había sido algo intencional, pasó a ser homicidio doloso.

Este caso ha durado más de dos años por el tiempo que tuvieron que invertir en todas las indagaciones, tanto de la fiscalía como de peritos privados, que después fueron rectificadas por las autoridades. 

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