¿Qué penas enfrentaría Darío Macas si se comprueba el enriquecimiento ilícito?

Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ejecuta la Fiscalía General del Estado.

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En el operativo también se detuvo a la esposa del alcalde y a otra persona. La investigación formal fue iniciada hace un mes por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares registrado entre 2019 y 2025. La investigación se originó a partir de un informe vinculante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Detención de Darío Macas: ¿Cuáles son las penas por enriquecimiento ilícito en Ecuador?

Si durante el proceso judicial se determina la responsabilidad penal de Macas por el delito de enriquecimiento ilícito, las sanciones dependerán del monto del incremento patrimonial injustificado establecido por la justicia.

El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone penas de entre tres y diez años de prisión, de acuerdo con el valor del patrimonio cuya procedencia no pueda ser justificada.

La norma establece que, cuando el incremento patrimonial supera los 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena prevista es de siete a diez años de prisión.

Si el incremento es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos, la sanción es de cinco a siete años, mientras que, si llega hasta los 200 salarios básicos, la pena va de tres a cinco años.

El mismo artículo precisa que el enriquecimiento ilícito no solo comprende el aumento de dinero, bienes o propiedades, sino también la cancelación de deudas u otras obligaciones.

Detención de Darío Macas: ¿cuáles son los señalamientos de la UAFE?

La UAFE dijo haber hallado un incremento del 74 % en los ingresos del alcalde desde 2020, que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas analizadas fueron realizados en efectivo y que muchos de esos recursos eran retirados el mismo día o al siguiente.

Además, indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción, así como relaciones transaccionales con personas vinculadas a contratistas municipales.

La entidad sostuvo que esos elementos permitieron identificar una presunta estructura económica criminal y señaló que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos, por lo que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), documento que forma parte de los elementos que serán analizados durante el proceso.