¿Qué pasó en la audiencia contra los 36 procesados? Defensa denuncia graves irregularidades

Las defensas particulares de varios de los 36 procesados por presunta delincuencia organizada vinculada a una estructura investigada por tráfico internacional de cocaína anunciaron acciones legales tras denunciar supuestas vulneraciones al derecho a la defensa durante la audiencia de formulación de cargos que terminó con la imposición de prisión preventiva para todos los acusados.

El reclamo surge un día después de que un juez ordenara prisión preventiva contra 36 personas investigadas por integrar una supuesta organización que, según la Fiscalía, se dedicaba al acopio de cocaína, su transporte terrestre y la contaminación de contenedores de banano para exportar droga hacia Europa, Estados Unidos y Centroamérica. La causa se tramita por el presunto delito de delincuencia organizada y contempla una instrucción fiscal de 90 días.

Abogados afirman que fueron excluidos de la audiencia

El abogado Peralta, quien asegura representar a uno de los procesados de la causa, le contó a EXPRESO que los defensores particulares no pudieron participar en la audiencia pese a haber registrado previamente sus autorizaciones y casilleros judiciales.

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Según su versión, los abogados recibieron mediante el sistema judicial el enlace de conexión a la diligencia y permanecieron conectados durante varias horas sin poder acceder a la audiencia. Posteriormente, afirma, conocieron que la diligencia se desarrollaba únicamente con la presencia de defensores públicos y de los detenidos.

"Nos tuvieron hasta las cuatro o cinco de la mañana conectados en un enlace que nunca se abrió. Después nos enteramos de que la audiencia se estaba realizando únicamente con la Defensoría Pública", aseguró el jurista.

De acuerdo con el abogado, varios defensores particulares habían presentado escritos de autorización dentro del expediente y habían participado previamente en diligencias de versión con sus clientes. Por ello consideran que existía una representación legal formalmente registrada antes de la formulación de cargos.

Cuestionamientos al rol de la Defensoría Pública

Uno de los principales reclamos de los abogados particulares es que los procesados fueron representados por defensores públicos pese a que, según sostienen, ya contaban con patrocinio privado.

La defensa argumenta que la actuación de la Defensoría Pública solo procede cuando una persona carece de abogado particular o no ha designado defensa técnica.

Los juristas sostienen que la designación de defensores públicos, en esas circunstancias, habría afectado el derecho constitucional a una defensa escogida libremente por cada procesado.

Además, aseguran que tampoco pudieron mantener conversaciones reservadas con sus clientes durante el desarrollo de las diligencias celebradas en el Centro de Privación de Libertad Regional de Guayaquil.

Anuncian denuncias y acciones constitucionales

Los abogados que participan en la defensa de los procesados conformaron un frente común para analizar posibles acciones legales.

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Entre las medidas anunciadas constan denuncias ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de funcionarios judiciales y la presentación de acciones constitucionales para revisar la legalidad de las medidas cautelares dictadas en la audiencia.

Según explicó Peralta, los defensores también evalúan presentar recursos relacionados con presuntas vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa.

Los abogados sostienen que las supuestas irregularidades podrían generar pedidos de nulidad procesal en etapas posteriores de la causa.

El caso que investiga la Fiscalía

Según la teoría fiscal expuesta en la audiencia de formulación de cargos, la estructura investigada habría operado en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, utilizando inmuebles, bodegas y haciendas bananeras para almacenar cocaína antes de enviarla al exterior.

La Fiscalía sostiene que el grupo estaba vinculado a decomisos de aproximadamente 6.190 paquetes de clorhidrato de cocaína registrados durante cinco operativos ejecutados en 2026. Entre los hallazgos figuran cargamentos detectados en La Troncal, el puerto de DP World Posorja, Guayaquil, Los Ríos y La Esperanza.

Las investigaciones fueron desarrolladas por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT 5), que utilizó vigilancias, seguimientos, interceptaciones de comunicaciones y otras técnicas especiales de investigación autorizadas judicialmente.

Prisión preventiva para los 36 procesados

Tras escuchar a las partes, el juez declaró legales las detenciones, formuló cargos por presunta delincuencia organizada y ordenó prisión preventiva para los 36 procesados. También dispuso la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización de vehículos bajo cadena de custodia y la retención de fondos dentro del sistema financiero nacional.

Durante la audiencia, la defensa pública ya había cuestionado la individualización de las conductas atribuidas a cada procesado y pidió medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez acogió el planteamiento de la Fiscalía y dio inicio a una instrucción fiscal de 90 días.