Goleada: Juez ordena identificar a representantes de empresas investigadas para vincularlas al caso

El juez del caso Goleada dispuso este 26 de mayo de 2026 que se envíen oficios a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil con el fin de identificar a los representantes legales subrogantes o miembros del directorio de las empresas investigadas en esta causa, para que la Fiscalía los vincularle a esta causa por presunto lavado de activos. 

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La decisión la anunció ante la imposibilidad de instalar, por segunda ocasión, la audiencia de vinculación. Había expectativa por el desarrollo de esta diligencia debido a que el fiscal, Dennis Villavicencio, tenía previsto incluir a la esposa de Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza, a la madre del alcalde, Gioconda Henríquez, en esta causa.

Además de ellas, el Ministerio Público busca formular cargos contra Fernando y Xavier Viteri Henriquez, Erika Vélez y las compañías Grupo Alva3, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, Comercializadora de Combustibles Corpalubri, Indudiesel, Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa, Inmobiliaria Fiorema, Inmobiliaria Alvarez Hache, Operadora Portuaria Petrolera Operoil y CHN S.A. por este caso, en el que investiga un presunto entramado empresarial que se habría conformado para vulnerar las seguridades del sistema financiero nacional sin levantar sospechas en las instituciones de control por la venta ilegal de combustibles subsidiados.

Al iniciar la audiencia, la defensa técnica, Fiscalía y el juez conocieron los oficios que presentaron las partes procesales. Villavicencio señaló que, de acuerdo con el informe de la Superintendencia de Compañías, Fernando y Xavier Viteri Henriques, primos del alcalde Álvarez, figuran como representantes de cinco empresas que fueron convocadas para la formulación de cargos.

Sin embargo,el abogado defensor de los hermanos Viteri señaló que ambos ya no son representantes legales de cinco de las empresas señaladas: Corpalubri, Copedesa, Ternape, Inmobiliaria Hache S.A. y Fiorema S.A., puesto que habían renunciado a esos cargos en marzo. Además, presentó la documentación de esas dimisiones en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El fiscal Villavicencio solicitó que ese argumento sea desechado y que se permita instalar la audiencia. Sin embargo, el juez consideró que las empresas convocadas no tendrían un representante legal, por lo que declaró la imposibilidad de instalar la diligencia.

Para asegurar que la diligencia se desarrolle en una nueva fecha, ordenó solicitar a la Superintendencia y al Registro que señalen quién ocupa dicha representación de forma subrogante o cuál es la persona que está designada como administrador, así como los nombres de los miembros del directorio de esas compañías.  

El magistrado otorgó un plazo de 24 horas para que las entidades envíen esa información, con el fin de identificarlos y notificar a los representantes subrogantes que reemplazarían a los hermanos Viteri, a quienes se les formulará cargos.

Luego de contar con esos nombres, el juez fijará una nueva fecha y convocará, por tercera ocasión a la audiencia de formulación de cargos en la que busca ampliar el número de los investigados, entre los cuales también se encuentra el alcalde Álvarez, sus hermanos, el asambleísta Raúl Chávez y otras personas más.