Fiscalía inicia nueva investigación contra Luisa González por presunta omisión de denuncia

Luisa González informó el pasado martes 8 de septiembre que fue notificada sobre la apertura de una investigación previa en su contra. El documento, fechado ese mismo día, señala que la Fiscalía dispuso incorporar al expediente informes presentados por agentes de la Policía Judicial.

La figura investigada corresponde al delito de omisión de denuncia, contemplado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la norma, un servidor público que conozca un hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo comunique inmediatamente a la autoridad puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días.

En este caso, la Fiscalía deberá determinar si González tenía la calidad de servidora pública, si conoció un posible hecho delictivo en función de su cargo y si estaba obligada jurídicamente a denunciarlo. 

Antecedentes judiciales: el caso Caja Chica

La nueva causa se suma a otros procesos que involucran a González. Entre ellos destaca el denominado caso Caja Chica, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Según la Fiscalía, se habría producido un ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023.

El 28 de enero de 2026, como parte de esa indagación, se allanaron tres inmuebles en Pichincha y Guayas, incluida la vivienda de González. El proceso también involucra al expresidente Rafael Correa y a otros dirigentes de Revolución Ciudadana.

Otra investigación por concusión

En agosto de 2026, González fue notificada sobre otra investigación previa, esta vez por presunto delito de concusión. La notificación coincidió con la controversia en torno a su candidatura a la Prefectura de Manabí, que fue inicialmente rechazada por la Junta Provincial Electoral y el Pleno del Consejo Nacional Electoral.

El correísmo recurrió al movimiento Pachakutik para inscribir su candidatura, pero las objeciones de ADN y CREO señalaron que no cumplía con los requisitos de afiliación. Tras varias negativas, González presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que admitió a trámite la impugnación, aunque desestimó parte de sus solicitudes.

Disputa electoral en Manabí

La controversia electoral se originó cuando Pachakutik retiró a sus precandidatos originales para inscribir a González y a Gabriel Giler como binomio provincial. Sin embargo, la autoridad electoral provincial inadmitió la inscripción, argumentando falta de afiliación y afectación a la fórmula electoral.

El Pleno del CNE ratificó la decisión, lo que obligó a González a acudir al TCE. El tribunal resolvió calificar el recurso y convocar a sesión plenaria para analizarlo, aunque negó la audiencia de estrados solicitada por la defensa.