Las extradiciones de Daniel Salcedo y Massuh: dos caras del proceso

La extradición de ecuatorianos al extranjero se ha convertido en una herramienta central de la política del gobierno contra la impunidad y para desarticular las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Hoy, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia tramita alrededor de 50 procesos de extradición. Uno de los últimos corresponde a Daniel Salcedo Bonilla, procesado por su participación en el crimen del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio.

En el momento que Salcedo salga del país, el juicio en su contra por asesinato quedará suspendido hasta que sea retornado y comparezca ante los tribunales ecuatorianos.

Daniel Salcedo es requerido por la justicia de Estados Unidos por cinco cargos criminales sustentados en envíos de cocaína, acopio de armamento pesado y esquemas avanzados de lavado de activos mediante criptomonedas. Las autoridades norteamericanas ubican a Salcedo como una pieza clave dentro del entramado operativo y financiero de organizaciones transnacionales.

La acusación en EE.UU. contra Salcedo

Según la acusación estadounidense, Salcedo coordinó en febrero de 2026 el traslado de un cargamento de 15 kilogramos de cocaína con destino a Miami, mientras permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito. La investigación señala que la estructura delictiva utilizó ametralladoras y armas automáticas para resguardar el almacenamiento, la logística y el transporte de las drogas hacia Norteamérica.

En el plano financiero, los fiscales norteamericanos identificaron el uso de bitcoins y otras criptomonedas para blanquear millones de dólares provenientes de la venta de drogas.

Para dar soporte y apariencia legal a este flujo de capitales, Salcedo constituyó al menos tres empresas en Estados Unidos, entre ellas Kasaone Holding Inc. y Paramount 2706 LLC, y adquirió bienes inmuebles de lujo en Miami por un valor de $ 1,5 millones.

Si bien el caso de Salcedo es solo uno de los siete procesos de extradición que ha solicitado Estados Unidos, en el plano político esta nación es una de los principales aliados estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional.

Chile, otro aliado

Además de esa nación, Chile se posesiona como otro de los aliados regionales clave en el mapa de la extradición. Actualmente la Corte Nacional tramita el proceso contra Arnol Johao Cantillo Vargas, ecuatoriano requerido por las autoridades chilenas por delitos cometidos en ese país.

Los hechos que motivan la solicitud ocurrieron el 22 de febrero de 2026. Según la investigación chilena, Cantillo atacó con un arma blanca a su conviviente y, cuando el hijo de la mujer intervino para defenderla, le propinó una puñalada por la espalda que le ocasionó la muerte. 

La mujer sobrevivió, por lo que la Fiscalía de Chile imputa a Cantillo los delitos de femicidio frustrado y homicidio calificado consumado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó de Chile, lo que activó una notificación roja de interpol para su localización internacional. Cuatro meses después, el 24 de junio de 2026, la Policía Nacional de lo capturó en Yaguachi, en Guayas.

“Cada vez que solicitan a un criminal, Ecuador hace la gestión para entregar lo más pronto posible y esperamos lo mismo de otros países”, dijo el ministro del Interior John Reimberg, lo que da muestra de la política sobre la cooperación internacional.

El caso de Massuh

Sin embargo, el uso de la extradición como pilar de la política contra la impunidad también registra episodios de controversia e reveses judiciales.

La Corte Nacional de Justicia resolvió archivar el trámite de extradición activa en contra de Nain Massuh, uno de los procesados clave en el denominado caso Encuentro, trama que investiga presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada en las empresas públicas del sector eléctrico.

Massuh, quien permanecía en Colombia mientras la justicia ecuatoriana requería su comparecencia, quedó eximido del proceso de repatriación forzosa por fallas en el trámite de notificación roja de Interpol.

Un juez de la extinta Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Vinculados con Corrupción y Delincuencia Organizada ordenó que se abra una investigación para determinar las actuaciones, presuntas irregularidades o responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la Policía o de la Fiscalía que intervinieron en el trámite, pero que durante la presentación de la documentación se estancó desde 2024. Como resultado, el juicio para Massuh está suspendido hasta que regrese al país.