Exalcalde de Taisha condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito

La justicia sentenció al exalcalde de Taisha, Cergio Ayuy, a siete años de prisión tras hallarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito. La resolución, emitida el viernes 3 de julio por la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Incremento patrimonial injustificado

Según el fallo, el exfuncionario deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, 6.800 dólares, tomando como referencia el salario vigente en 2014, año en que inició su administración. La investigación determinó que Ayuy declaró un patrimonio inicial de 18.900 dólares, pero durante su gestión no presentó las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2016 y 2019.

Los análisis financieros revelaron que recibió depósitos adicionales a sus ingresos como alcalde, adquirió un vehículo, un inmueble y canceló varias deudas. Estos movimientos reflejaron un incremento patrimonial injustificado de 312.958 dólares, lo que configuró el delito tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de siete a diez años de prisión a los funcionarios públicos que no puedan justificar el aumento de su patrimonio.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia de juicio, la fiscal provincial de Morona Santiago, Anita Madero, sustentó la acusación con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado. La Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) y especialistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Además, se incorporaron 28 pruebas documentales, entre ellas pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificados de propiedad de bienes muebles e inmuebles. Los jueces concluyeron que existía suficiente evidencia para dictar la sentencia condenatoria.

Consecuencias políticas y administrativas

La resolución judicial establece que el exalcalde perderá sus derechos de participación política durante el cumplimiento de la pena. Esto significa que no podrá ser candidato a cargos de elección popular, contratar con el Estado ni desempeñar funciones públicas. La interdicción se mantendrá mientras permanezca privado de su libertad.