CIDH comienza el análisis de otra denuncia de Aquiles Álvarez contra el Estado ecuatoriano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó este 18 de mayo de 2026 con el inicio del estudio de la denuncia interpuesta por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en contra del Estado de Ecuador. 

El organismo internacional registró el expediente bajo la referencia P-3253-25 tras la petición presentada el 18 de diciembre de 2025, antes de que Álvarez fuera detenido en un allanamiento a su vivienda. El proceso busca determinar la existencia de violaciones a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho al trabajo, bajo el amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La defensa del burgomaestre fundamenta la queja en el inicio de procesos administrativos y penales de oficio a través de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH), Petroecuador y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Estos recursos se derivan de una presunta red de tráfico de combustible denominada caso Triple A, vinculada a la empresa familiar Copedesa. Según el denunciante, las acciones estatales constituyen un "abuso de poder con injerencia del Ejecutivo para lograr su destitución e impedir el ejercicio de sus funciones".

Este caso, que se activa en la CIDH, es diferente a la demanda de medidas cautelares solicitada también por Álvarez, pero que se centra en la prisión preventiva que cumple en la cárcel del Encuentro y cuyo trámite está más avanzado.

Supuesta injerencia política 

La denuncia señala que las investigaciones administrativas y penales comenzaron a partir de una disputa personal con el presidente de la República, Daniel Noboa Azin. De acuerdo con el texto de la demanda, de 329 páginas, diversas autoridades de la actual administración adelantaron criterios de culpabilidad en ruedas de prensa previas a los actividades fiscales. Esta situación influyó de forma directa en la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano.

En el ámbito penal, la Fiscalía vinculó a Álvarez como coautor del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos debido a su anterior representación legal en Copedesa. La defensa argumenta que dicha compañía actúa solo como intermediaria y no distribuye directamente al consumidor, por lo cual el tipo penal resulta inaplicable. Pese a la falta de riesgo de fuga por su condición de autoridad electa, el tribunal impuso tres medidas restrictivas: prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. La petición califica estos mecanismos como desproporcionados y con un fin de humillación pública.

Desobediencia en la vía administrativa

El conflicto escaló a la función de control energético con la emisión de procesos sancionatorios por parte de la ARCH, que incluyeron la clausura preventiva de las estaciones de servicio del grupo familiar. Los afectados interpusieron una acción de protección ante la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, la cual otorgó una medida cautelar para suspender las clausuras el 4 de octubre de 2024. No obstante, las entidades del Estado rechazaron el cumplimiento de la orden constitucional.

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura reemplazó a la jueza titular de la causa por el magistrado Jean Daniel Valverde, quien revocó la suspensión legal. Aunque la Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas ratificó este último fallo en agosto de 2025, la defensa mantiene una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En paralelo, el Tribunal Contencioso Administrativo aceptó suspender la terminación unilateral del contrato de abastecimiento decidida por Petroecuador, pero la empresa pública también desobedeció el dictamen judicial.

Defensores denuncian presiones 

Los defensores técnicos del alcalde, liderados por el jurista Jorge Sosa Meza, denunciaron además una persistente persecución en contra de su equipo legal. Varios abogados abandonaron la causa a consecuencia de amenazas de muerte y advertencias de allanamientos. 

Actualmente, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH evalúa los requisitos de admisibilidad con base en el orden cronológico del organismo.