Audiencia de vinculación
Caso Goleada: Las consecuencias de la advertencia del juez para Aquiles Álvarez
Después de la diligencia fallida del 26 de mayo este viernes se instalará nuevamente la audiencia. El juez hizo una advertencia para las defensas

La audiencia para la vinculación se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Para este 29 de mayo de 2026 está prevista la audiencia de vinculación de familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso denominado Goleada. La diligencia se realizará después de que el pasado 26 de mayo no pudiera instalarse.
Justicia
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Juan Pablo Pérez Tomalá
La razón fue la imposibilidad de garantizar el derecho a la defensa de todos los implicados. Esto ocurrió debido a que no se contó con la representación legal de varias empresas que la Fiscalía General del Estado pretende incluir en el proceso.
La audiencia estaba prevista para incorporar formalmente a la investigación a Fiorella Icaza, esposa del alcalde; a Gioconda Henríquez, madre de Álvarez; además de otros tres ciudadanos y nueve personas jurídicas.
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Una queja del juez a cargo del caso
Tras la fallida audiencia del martes pasado, el juez Jairo García dejó sentado su malestar por lo ocurrido. El magistrado señaló: “En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”.
“No voy a permitir ningún retardo, ningún retraso que no sea imputable a la administración de justicia”, dijo también el juez, luego de disponer a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil que identifiquen a los representantes legales subrogantes o miembros del directorio de las empresas investigadas en esta causa y cuya vinculación ha sido solicitada por la Fiscalía.
Además, una de las advertencias del magistrado dejó entrever lo que podría ocurrir en caso de ausencia de la defensa de alguno de los procesados.
En el acta de la audiencia, García señaló que, si no existe la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública queda notificada para ejercer, en una posterior convocatoria, la defensa técnica de las personas jurídicas.