Rusia emite orden de captura contra Pavel Durov, fundador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este martes la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram. El empresario, nacido en Rusia y con ciudadanía francesa y emiratí, enfrenta acusaciones de “complicidad con el terrorismo” en medio de una investigación penal.

Según el comunicado oficial, la administración de Telegram no habría eliminado múltiples canales, chats y bots que, de acuerdo con las autoridades rusas, son utilizados por servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones extremistas para coordinar actos de sabotaje, terrorismo y ciberfraude en territorio ruso.

Acusaciones sobre uso de bots

El FSB señaló específicamente al bot de citas Leo Match, prohibido en Rusia, como una herramienta empleada para captar y chantajear a jóvenes rusos. Desde julio de 2025, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años habrían sido detenidos por participar en agresiones contra fuerzas de seguridad y ataques a infraestructuras energéticas y de transporte.

De acuerdo con la versión oficial, agentes de inteligencia ucranianos se hacían pasar por jóvenes en la aplicación para contactar a los usuarios y posteriormente presionarlos para realizar actividades ilícitas.

Reacción de Pavel Durov

Durov, actualmente radicado en Francia, reaccionó al anuncio del FSB con una publicación en la cuenta oficial de Telegram en X (Twitter), mostrando un gesto ofensivo hacia la cámara. El empresario ha denunciado en ocasiones anteriores que las autoridades rusas buscan restringir el acceso a Telegram bajo pretextos legales, con el objetivo de limitar la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.

Restricciones a Telegram en Rusia

Las acusaciones contra Durov se producen en medio de crecientes restricciones a Telegram en Rusia, donde la aplicación es una de las más utilizadas para comunicación y difusión de información. 

A inicios de 2026, el propio Durov había advertido sobre una investigación penal en su contra, señalando que se trataba de un intento de las autoridades de suprimir derechos fundamentales.