Conflicto armado
La Justicia colombiana frena ataques a campamentos guerrilleros con menores reclutados
La medida exige verificar inteligencia militar antes de bombardear campamentos de disidencias de las FARC, tras la muerte de tres adolescentes en Guaviare
Fotografía aérea donde se observa una zona en la que se ubicaba un campamento de las disidencias de las FARC, bombardeado por el Ejército de Colombia en el Guaviare (Colombia).
Lo que debes saber
- Víctimas mortales: Al menos 33 miembros de disidencias de FARC murieron en dos bombardeos recientes en el Guaviare.
- Campaña de seguridad: El fallo frena la estrategia de mano dura lanzada por el presidente Abelardo de la Espriella.
- Cifras de reclutamiento: La Defensoría del Pueblo registró 428 casos de menores reclutados el año pasado y 97 hasta julio.
Un juez de Colombia ordenó el jueves 3 de septiembre de 2026 al gobierno derechista de Abelardo de la Espriella suspender los bombardeos militares contra campamentos guerrilleros cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados.
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Respaldado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo presidente impone una línea dura para enfrentar a las mafias del narcotráfico con bombardeos letales y extradiciones masivas a Estados Unidos desde que llegó al poder el 7 de agosto.
La orden de la justicia aplica para el departamento amazónico de Guaviare (sur), donde De la Espriella ordenó recientemente dos ataques aéreos que han dejado por lo menos 33 miembros de una disidencia de la extinta guerrilla FARC muertos.
El domingo, la autoridad forense informó que entre los fallecidos del primer operativo hay tres menores de entre 15 y 16 años. Aún no se sabe si hay menores entre las víctimas del más reciente.
Argumentos clave en la controversia judicial
- Acción ciudadana: La tutela argumenta que la respuesta del Estado no puede ser bombardear a niños víctimas.
- Defensa oficial: El Ministerio de Defensa asegura que el operativo cumplió con los estándares legales.
- Postura presidencial: El gobierno defiende atacar a quienes usan a los menores como escudos humanos.
Un juzgado de la ciudad de San José del Guaviare ordenó "la suspensión temporal" de los bombardeos a campamentos de grupos armados "cuando exista información de inteligencia" u otras alertas sobre "la posible presencia de niños y adolescentes".
La medida cautelar, conocida por la AFP, estará vigente mientras el juez resuelve un recurso legal interpuesto por un ciudadano contra el gobierno y las Fuerzas Militares por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los menores.
Límite a la ofensiva
El gobierno enfrenta fuertes críticas por parte de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.
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"Sabemos que hay que someter a estos grupos armados. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos con estos niños?", "la respuesta gubernamental no puede ser bombardearlos y matarlos", dijo a la AFP Roxemhberg Rozo, el politólogo y estudiante de derecho de 35 años que presentó el recurso legal.
De la Espriella expresó el lunes su "respaldo" a estos bombardeos contra "los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos".
Contexto histórico del debate
- Foco del conflicto: El fallo aplica para Guaviare, zona amazónica golpeada por disidencias de las FARC.
- Problemática persistente: La muerte de menores en bombardeos ocurrió también en gobiernos anteriores.
- Precedente político: En mandatos pasados, estas acciones causaron la renuncia de ministros de Defensa.
El Ministerio de Defensa argumentó que la operación cumplió con "todos los estándares legales".
Al presidente le llueven críticas por publicar un video en el que celebra uno de los bombardeos mientras camina en medio de una veintena de cadáveres de guerrilleros abatidos y cubiertos por mantas blancas.
La muerte de menores en bombardeos militares también ocurrió durante los gobiernos del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026) y el derechista Iván Duque (2018-2022).
Uno de los ministros de Defensa de este último renunció presionado por mociones de censura en el Congreso debido a estos operativos.
El año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, según la Defensoría del Pueblo. Este año, con corte al 31 de julio, ya van 97.
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