Francia establece toques de queda parciales y medidas de apoyo a los comerciantes

El Gobierno francés busca contener la violencia urbana sin recurrir, por ahora, al estado de emergencia. La estrategia contempla toques de queda en zonas específicas y un mecanismo de protección laboral para los trabajadores de los establecimientos afectados por los saqueos y los destrozos del fin de semana.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, presentó las medidas este lunes 19 de octubre, después de una reunión de crisis convocada para evaluar los incidentes registrados en París y otras ciudades del país. Por el momento, las autoridades no habían detallado qué territorios estarán sujetos a las restricciones.

La decisión llega después de una jornada de manifestaciones multitudinarias celebradas el sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios de educación y sanidad. Al margen de esas protestas se produjeron saqueos de establecimientos, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Durante su comparecencia, Lecornu defendió la aplicación de restricciones territoriales como una alternativa inmediata al estado de emergencia, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a esa figura si la situación lo requiere.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró el primer ministro.

El Ministerio del Interior debía divulgar posteriormente una delimitación de las zonas afectadas.

Francia cubrirá el 100 % del desempleo parcial

Además de las restricciones de movilidad, el Ejecutivo anunció un mecanismo de apoyo económico para los negocios perjudicados por los disturbios. La medida estará disponible desde el martes 20 de octubre para los trabajadores de los establecimientos afectados.

El Estado asumirá el 100 % de la cobertura prevista para el desempleo parcial, con el objetivo de evitar que los daños materiales se traduzcan en despidos o pérdidas de ingresos para los empleados.

"No podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", sostuvo Lecornu al explicar la iniciativa.

El Gobierno calcula que cerca de 3.000 comercios resultaron afectados por los incidentes. Sin embargo, el primer ministro no precisó cuánto costará el programa de asistencia, en un momento en que Francia enfrenta dificultades económicas y tensiones políticas.

Las autoridades intensifican la identificación de sospechosos

El Ejecutivo también anunció una respuesta judicial contra los responsables de los saqueos y otros actos violentos. Lecornu respaldó el trabajo de las fuerzas de seguridad y aseguró que se prepara una actuación penal de gran alcance.

En el área de París, unos 200 investigadores trabajan en la identificación de los sospechosos mediante imágenes de cámaras de videovigilancia. El primer ministro también pidió la colaboración ciudadana para reconocer a las personas que participaron en los ataques.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, hasta las 08:00 del lunes 19 de octubre, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios. El 70 % eran mayores de edad y, en más del 80 % de los casos, la Fiscalía solicitaba prisión preventiva.

Lecornu afirmó que la ausencia de víctimas mortales era un alivio frente a la magnitud de los enfrentamientos y defendió la intervención policial.

Lecornu señala a la ultraizquierda en medio de la tensión electoral

La crisis también tiene una dimensión política. Durante su intervención, el jefe de Gobierno acusó a sectores de la ultraizquierda de buscar la desestabilización del país antes de las elecciones presidenciales, previstas para dentro de seis meses.

"Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", advirtió.

Lecornu sostuvo, citando información de los servicios de inteligencia, que sectores de la extrema izquierda pretenden mantener el desorden hasta los comicios. Sus declaraciones se producen en un escenario electoral marcado por la fragmentación política y las dificultades del Gobierno para sacar adelante su proyecto presupuestario en la Asamblea Nacional.