Estudiante de Cornell denuncia a siete jóvenes por presunta agresión sexual

Una demanda civil presentada en septiembre de 2026 por una estudiante de la Universidad de Cornell derivó en la reapertura de una investigación penal por una presunta agresión sexual en grupo acontecida en 2024. Los fiscales del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, confirmaron este lunes 28 de septiembre que volverán a examinar los hechos tras la aparición de nuevos elementos de convicción sobre el incidente ocurrido en la fraternidad Chi Phi.

Según el recurso judicial, la víctima —que tenía 20 años en el momento de los hechos y pertenecía a una hermandad femenina— fue presionada para consumir alcohol, marihuana y ketamina durante una reunión en la sede de la fraternidad en octubre de 2024. Tras quedar completamente incapacitada, la joven habría sido agredida sexualmente por siete estudiantes. La demanda incluye además la captura de pantalla de un chat grupal en Snapchat en el que presuntamente se invitaba a otros miembros a sumarse al abuso.

La revisión de la Fiscalía y las inconsistencias iniciales

Matthew Van Houten, fiscal del distrito del condado de Tompkins, explicó que su oficina llevará el caso ante un gran jurado para evaluar la imposición de cargos penales contra los sospechosos. La fiscalía había optado por no procesar la causa en 2024 argumentando que las primeras declaraciones de la víctima no establecían explícitamente la falta de consentimiento ni hacían mención al uso de sustancias o a un ataque múltiple.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público justificó el giro en las indagaciones. "Reconozco la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y recuperación para procesar plenamente y comprender lo que les sucedió", afirmó Van Houten. 

El fiscal añadió que la revisión del expediente responde al aporte de nuevas pruebas, al tiempo que reveló haber recibido numerosas presiones, mensajes de exigencia e incluso amenazas tras la mediatización del litigio.

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Las acciones disciplinarias de Cornell y la defensa de la institución

Frente a los cuestionamientos por la respuesta institucional, el vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, Kyle Kimball, manifestó el respaldo de la entidad a la decisión fiscal. No obstante, el vocero rechazó de forma categórica lo expuesto en la querella sobre una supuesta sanción leve consistente en la redacción de ensayos académicos para los implicados. "Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos contundentes a los involucrados es falsa", enfatizó.

Desde el ámbito administrativo, la universidad perteneciente a la Ivy League suspendió y expulsó a varios de los implicados tras un proceso disciplinario interno celebrado en 2024, además de vetar permanentemente la filial de Chi Phi en el campus. 

La institución evitó precisar el número exacto de alumnos sancionados amparándose en normativas federales de confidencialidad. Asimismo, la casa de estudios recordó que en 2025 conformó un grupo de trabajo especializado, cuya encuesta reveló que el 35 % de las estudiantes de pregrado reportó haber sufrido algún tipo de agresión sexual durante su permanencia en el campus.

Reacciones públicas y cuestionamiento a la cultura universitaria

Las revelaciones contenidas en la demanda de 101 páginas —que busca una reparación económica de la universidad, los imputados, la fraternidad y un local comercial de Ithaca— provocaron una ola de indignación pública. La actriz británica Florence Pugh y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez expresaron su condena. Esta última denunció abiertamente la existencia de una "cultura de la violación" arraigada y protegida en centros educativos de élite.

A las críticas se sumó Eeshaan Chaudhuri, presidente del gobierno estudiantil de Cornell, quien exigió una auditoría integral a los procedimientos seguidos tanto por la policía universitaria como por la fiscalía local, instando a evaluar a fondo las dinámicas sociales dentro de las fraternidades masculinas del campus.