EE. UU. reanuda deportaciones exprés tras fallo judicial a favor del gobierno de Trump

Estados Unidos podrá reanudar las deportaciones exprés o aceleradas de migrantes en situación irregular a partir de este martes 23 de junio de 2026. Esto ocurre luego de que una corte federal de apelaciones fallara a favor de la administración del presidente Donald Trump. 

Este mecanismo de expulsión inmediata había sido suspendido por otro tribunal en agosto de 2025; sin embargo, tras la apelación presentada por el gobierno estadounidense, la justicia emitió un veredicto definitivo que reactiva la medida.

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¿Cómo opera el mecanismo de expulsión inmediata?

Bajo esta normativa, las autoridades estadounidenses están facultadas para deportar a ciudadanos extranjeros en condición irregular sin la necesidad de concederles una audiencia previa ante un juez de migración. 

El procedimiento se aplica de forma directa para aquellos migrantes que no logren demostrar un mínimo de dos años de residencia legal y continua en territorio norteamericano. Cabe destacar que el fallo de la corte de apelaciones contó con el respaldo de los jueces Justin Walker y Neomi Rao, ambos designados durante la gestión de Trump.

Reacción oficial e incentivos para el retorno voluntario

Tras difundirse la resolución judicial, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, celebró la sentencia y afirmó que el dictamen reivindica la política migratoria promovida por la Casa Blanca.

En su pronunciamiento, el funcionario dirigió un mensaje a la comunidad migrante, señalando que aún están a tiempo de acogerse a un esquema de retorno voluntario. Bajo este programa, quienes decidan abandonar el país por cuenta propia pueden recibir un estipendio económico de  $2.600.

Cuestionamientos de activistas y antecedentes de la medida

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes manifestaron su rechazo a la reactivación de las deportaciones aceleradas. Los activistas argumentan que la medida vulnera la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho a un debido proceso legal para cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio. 

El restablecimiento de esta modalidad de expulsión no es nuevo, pues ya había sido implementado por la administración de Trump durante su primer mandato presidencial.