Retiran en Guayaquil cámaras ilegales que habrían sido usadas para vigilar operativos policiales

Cerca de 800 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular han sido retiradas en Ecuador desde agosto de 2025. De ese total, apenas el 15 % ha sido reclamado por personas que acreditaron ser sus propietarias, un dato que, según el ECU 911, hace presumir que la mayoría de estos dispositivos no fue colocado por vecinos o comerciantes, sino que estaría vinculada a grupos de delincuencia organizada.

Como parte de esos operativos, este martes 30 de junio fueron desmontadas alrededor de 25 cámaras instaladas sin autorización en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. De acuerdo con las autoridades, estos equipos habrían sido utilizados para monitorear los movimientos de policías y militares durante los operativos que se ejecutan en ese sector.

¿Por qué fueron retiradas?

El operativo fue ejecutado por el ECU 911, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras los militares brindaban seguridad en la zona, personal técnico localizó las cámaras instaladas en postes de uso público y procedió a retirarlas.

El director general del ECU 911, Juan Carlos Paladines, recordó que el Decreto Ejecutivo 214 establece que únicamente esa entidad puede autorizar la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos.

El funcionario explicó que varias de las cámaras retiradas estaban orientadas hacia puntos donde suelen desarrollarse operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Son monitoreadas por personas que no sabemos quiénes son ni cuál es el propósito para el que las utilizan", señaló.

Paladines precisó que la restricción aplica únicamente para equipos colocados sobre bienes públicos. Los ciudadanos pueden instalar cámaras dentro de sus viviendas, negocios o propiedades privadas.

Autoridades sospechan un uso delictivo

Para el director del ECU 911, el bajo porcentaje de cámaras reclamadas refuerza la hipótesis de que gran parte de estos dispositivos habría sido instalada por organizaciones criminales.

Según explicó, estos sistemas podrían servir para alertar sobre el ingreso de policías y militares a determinados sectores, seguir los movimientos de los habitantes o facilitar delitos como extorsiones, microtráfico y disputas por el control territorial.

El funcionario recordó además que hace aproximadamente un mes las autoridades localizaron un centro clandestino de monitoreo desde donde se recibían imágenes de entre ocho y diez cámaras distribuidas en un sector intervenido.

Los propietarios pueden reclamar los equipos

Quienes consideren ser dueños de alguna de las cámaras retiradas disponen de 30 días para acudir al ECU 911 con la factura de compra e iniciar el trámite correspondiente.

Como ha venido publicando EXPRESO, los operativos para retirar dispositivos instalados de manera irregular comenzaron en agosto de 2025 y ya se han ejecutado en ciudades como Babahoyo, Guaranda, Machala, Ambato, Riobamba, Quito y Guayaquil.