Edificio Multicomercio: ¿por qué el Municipio no lo demuele como al Fantasía?
La alcaldesa subrogante analiza vías legales para intervenir el inmueble privado mientras espera definir cómo actuar sin comprometer recursos públicos
La destrucción del edificio donde funcionó el centro comercial Multicomercio pone en riesgo a quienes viven y trabajan en el centro-sur de Guayaquil.
- ¿Por qué el Municipio de Guayaquil no demuele el edificio Multicomercio? Tatiana Coronel explicó que el inmueble es privado y que la Alcaldía analiza la vía legal para intervenirlo.
- El caso del edificio Fantasía también fue mencionado como antecedente.
El edificio Multicomercio continúa siendo un inmueble privado, una condición que, según Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, limita las posibilidades del Municipio para intervenir directamente y ejecutar una eventual demolición con recursos públicos.
La funcionaria respondió en redes sociales a los cuestionamientos sobre la actuación del Cabildo frente a la situación del inmueble, afectado por un incendio y considerado de riesgo para su entorno. El Municipio ha señalado que mantiene acciones de seguridad y que analiza mecanismos legales para avanzar con el derrocamiento.
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Coronel explicó que desde el primer momento se activó el COE Cantonal, pero sostuvo que la situación requiere la participación de varias instituciones y de los propietarios del inmueble.
“Es un problema de corresponsabilidad urbana, no solo del Municipio”, señaló la alcaldesa subrogante.
Según su explicación, también intervienen entidades como la Policía Nacional, debido a problemas de seguridad registrados en la zona, mientras que los propietarios tienen responsabilidades legales sobre el bien.
La funcionaria sostuvo que el Municipio no puede convertirse en la seguridad privada del inmueble ni asumir indefinidamente su seguridad interna, debido a que se trata de una propiedad privada.
La Alcaldía también ha informado que mantiene un perímetro de seguridad y que, tras una mesa técnica, se ratificó el riesgo que representan las estructuras que permanecen en pie.
¿Por qué no se utiliza dinero público para demolerlo?
Uno de los principales argumentos expuestos por Coronel es el límite que existe para utilizar recursos públicos en un inmueble privado.
La alcaldesa subrogante dijo que el Municipio elevó la consulta al procurador general del Estado para determinar cómo proceder y evitar que la administración tome una decisión que posteriormente pueda generar responsabilidades.
“Estamos esperando esta respuesta para que no tomemos decisiones incorrectas”, explicó Coronel.
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El caso tiene como antecedente la demolición del edificio Fantasía, ubicado en la avenida 9 de Octubre y José Mascote. Esa estructura fue demolida en 2024 luego de una orden judicial.
El Municipio confirmó que la demolición del Fantasía se ejecutó en cumplimiento de una disposición judicial. Los trabajos comenzaron el 27 de agosto y terminaron en octubre de 2024.
¿Qué diferencia hay con el edificio Fantasía?
Esta fue precisamente una de las preguntas que recibió Coronel en redes sociales: si el Fantasía también era un bien privado, ¿por qué el Municipio pudo demolerlo?
La respuesta de la funcionaria fue que en ese caso existía una orden judicial que dispuso la intervención.
Coronel explicó que la demolición del Fantasía representó un costo superior a los $400.000 para el Municipio y que la resolución judicial estableció que ese valor debía ser recuperado de los copropietarios.
El Municipio informó posteriormente que el costo ejecutado por el derrocamiento fue de $414.000 y que el valor se encuentra en proceso de recuperación entre los copropietarios.
La diferencia que plantea Coronel, por tanto, no está solamente en que ambos inmuebles sean privados, sino en que el Fantasía tuvo una orden judicial que permitió al Municipio ejecutar la demolición.
En el caso del Multicomercio, la Alcaldía busca determinar qué mecanismo jurídico le permite intervenir.
La vía que analiza el Municipio
Coronel señaló que una de las alternativas que se estudia es la enajenación forzosa y posterior subasta pública del inmueble.
La idea, según ella, es que el bien pueda ser adquirido por otra persona o entidad que asuma las obligaciones relacionadas con la propiedad y con la situación que enfrenta actualmente.
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Mientras se define el mecanismo jurídico, la institución sostiene que la situación del Multicomercio continúa bajo seguimiento.
En febrero de 2026, una mesa técnica interinstitucional ratificó el riesgo de las torres que permanecen en pie y mantuvo un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor del predio.
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