A pesar de los casos cada vez más frecuentes de allanamientos y detenciones de criminales de alto perfil en urbanizaciones privadas, las personas continúan buscando estos conjuntos, pues es la única alternativa para resguardarse frente a la violencia y la delincuencia. Si bien los futuros arrendatarios o propietarios miran con recelo a las urbanizaciones donde se ha presentado algún caso, como las de la vía a la costa en Guayaquil, o de La Puntilla en Samborondón; esta precaución es solo temporal.

Aunque la presencia en conjuntos privados de personas vinculadas a la delincuencia organizada es una preocupación que enciende las alertas, como mostró EXPRESO, las personas en condominios sienten temor y los administradores aseguran que no hay elementos legales que les permita actuar cuando se detectan inquilinos o habitantes sospechosos.

Adrián Rodríguez Serrano, presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana (Cainec), aseguró que no existe ninguna disminución en la demanda de propiedades en urbanizaciones privadas porque “la prioridad actualmente de toda familia o inversor es la seguridad que ofrece un conjunto cerrado, con videovigilancia, guardianía...”.

Con esto coincide Sue Morillo, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, quien indicó que optar por un domicilio dentro de un conjunto cerrado es lo único que permite a las familias sentir y disfrutar de seguridad.

Sin embargo, Morillo reconoció que en las urbanizaciones donde se han presentado casos suele decaer la demanda, “pero no es un problema a largo plazo, es un problema temporal... La gente recobra la calma y todo regresa a su estado normal al poco tiempo”, advierte.

Nathalia Domínguez, corredora de bienes raíces en el Puerto Principal, corroboró esta información al asegurar que cuando es de conocimiento público que hubo un operativo o allanamiento en determinada ciudadela y que en esta fue capturada una posible banda o delincuente, es verdad que vender o alquilar un inmueble se torna más difícil; pero tampoco es imposible, alegó.

“Al final, tiene más peso ver que determinado complejo habitacional tiene la seguridad que esperas. No obstante, hacen énfasis en que los administradores tienen la obligación de filtrar más y mejor la información de lo que pasa en la urbanización. Ese es el pedido ahora recurrente y que no se queda con nosotros. La mayoría, previo a culminar un contrato de alquiler o venta, despejan sus dudas o toman una decisión acorde a lo dialogado con la administración”, señaló.

Para Rodríguez, la presencia de criminales domiciliados en las urbanizaciones “es una lección clara y contundente de la vulnerabilidad a la que propietarios de inmuebles y su entorno se ven expuestos por la falta de una buena cultura inmobiliaria”, pues existen algunos procesos de validación básicos que deben realizarse antes de suscribir un contrato de alquiler.

En su día a día como corredora inmobiliaria, Morillo señaló que toma ciertas precauciones incluso antes de concertar una cita con la persona interesada en la propiedad: “Pido la cédula. Realizo búsquedas en Google para conocer su historial y verificar si tienen antecedentes”. Cuando el cliente decide alquilar la propiedad, Morillo continúa con la investigación: “Obtengo su historial crediticio y evalúo su capacidad de endeudamiento. También investigo el origen de sus fondos y cómo planea pagar la propiedad. Si tiene múltiples empresas, debe reportar sus ingresos adecuadamente y demostrar cómo los obtiene. Si trabaja en relación de dependencia, debe proporcionar comprobantes de ingresos, como recibos de salario. Realizo verificaciones exhaustivas, solicitando certificados bancarios, rol de pagos, certificados laborales y antecedentes penales”. Esto le permite trabajar con personas confiables, aunque aseguró que siempre existe la posibilidad de que se realicen transacciones con el testaferro de alguien que tiene actividades ilícitas.

Entre las medidas que permitan tener mejores filtros de quiénes se domicilian en estos sectores, el presidente de Cainec mencionó que la cámara busca promover la creación de garantías mediante fideicomisos para prevenir el lavado de activos, así como la participación bancaria en la calificación de créditos para proyectos.

Además, los miembros del sector inmobiliario están dispuestos a colaborar con las autoridades municipales o ministeriales desde el sector privado para abordar estas preocupaciones de seguridad de manera integral: “El Gobierno debe tomar acciones y ser el ente regulador directo para evitar la proliferación de actividades que pasan bajo la lupa, sin tributar, sin aportar a la economía nacional y que generan competencia desleal”.

Morillo resaltó que la información que puedan entregar las entidades estatales servirá para que los corredores de bienes raíces puedan realizar mejor su trabajo.

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