¿Por qué la fiscal Alexandra Bravo tenía custodia policial y quién debía protegerla?

La muerte de la fiscal Alexandra Bravo ha abierto una serie de interrogantes sobre las condiciones de seguridad que rodeaban a la funcionaria judicial, quien contaba con protección policial debido a la naturaleza de los casos que manejaba en la provincia de Manabí.

Según información oficial, al momento del crimen registrado la mañana del domingo en la avenida Flavio Reyes de Manta, Bravo no contaba con la presencia de su custodia policial, pese a que tenía asignados dos servidores policiales para su protección.

De acuerdo con Carlos Ortega, comandante policial subrogante de la Zona 4, las autoridades indagan qué ocurrió con el esquema de seguridad de la fiscal y por qué los agentes encargados de resguardar su integridad no se encontraban con ella cuando se produjo el ataque. Hasta el momento, esta situación no ha sido aclarada públicamente.

La fiscal fue sorprendida por sus atacantes luego de desayunar junto a varios familiares en una cafetería de la zona. Según las investigaciones preliminares, se disponía a retornar a su vehículo acompañada por su hermana Olinda Bravo y su conductor cuando un hombre descendió de una motocicleta negra y abrió fuego contra ella.

Las balas impactaron a Alexandra Bravo y también alcanzaron a su hermana Olinda, quien, según las primeras versiones, habría intentado intervenir para defenderla. Ambos ataques resultaron letales.

¿Por qué tenía protección policial?

En Ecuador, los fiscales reciben medidas especiales de seguridad debido a los altos niveles de violencia y las amenazas derivadas del crimen organizado. Al estar a cargo de investigaciones relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción y otros delitos graves, se convierten en objetivos directos de estructuras criminales.

En el caso de Alexandra Bravo, la necesidad de protección era aún más evidente debido a su trayectoria profesional. Durante varios años estuvo vinculada a investigaciones de alto impacto relacionadas con hechos violentos, crimen organizado y narcotráfico en Manta.

Su participación en procedimientos judiciales, operativos policiales y levantamientos de cadáveres la convirtió en una figura ampliamente reconocida dentro de la ciudad, aumentando su nivel de exposición frente a organizaciones delictivas.

Tras su asesinato, voces de abogados, colegas y amigos de la fiscal se levantaron para exigir al Gobierno Nacional un fortalecimiento de las medidas de seguridad destinadas a fiscales y funcionarios judiciales.

Los juristas recordaron que en los últimos cinco años han sido asesinados tres fiscales y dos secretarios judiciales en Manta, situación que evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan en la administración de justicia.

La tarde de ayer, Alexandra Bravo fue sepultada junto a su hermana Olinda Bravo en el cementerio privado Parques del Recuerdo. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y allegados acompañaron el último adiós a ambas mujeres, mientras persisten las preguntas sobre quién debía proteger a la fiscal y por qué su esquema de seguridad no estaba presente cuando ocurrió el ataque.