Ecuador protege las olas rompientes: qué actividades estarán permitidas en el mar

Ecuador dio un nuevo paso en materia ambiental y marítima. La Asamblea Nacional aprobó este 21 de mayo la nueva Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una normativa que busca ordenar las actividades desarrolladas en el mar y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles a lo largo del perfil costero del país.

La legislación crea herramientas para regular el uso de las zonas marítimas y establece medidas específicas para conservar las denominadas “olas rompientes”, espacios utilizados para deportes acuáticos y considerados fundamentales para el equilibrio ambiental y turístico de varias localidades costeras.

La normativa también marca un precedente porque, por primera vez, Ecuador contará con un sistema institucional enfocado exclusivamente en la gestión y planificación de sus áreas marino-costeras.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Uno de los principales objetivos de la norma es establecer reglas claras sobre las actividades permitidas en el mar y en sectores cercanos a la costa, bajo criterios de sostenibilidad y conservación ambiental.

El nuevo marco legal permitirá organizar y regular actividades como:

Además, incorpora mecanismos de protección para hábitats considerados vulnerables, entre ellos manglares, dunas, playas de anidación de tortugas y otros ecosistemas sensibles de la costa ecuatoriana.

Protección especial para las olas del país

Uno de los puntos más destacados de la ley es la creación de un Registro Nacional de Zonas de Rompientes, una herramienta técnica que identificará y catalogará oficialmente las áreas donde se forman olas consideradas importantes para actividades recreativas, deportivas y ambientales.

Según información presentada durante el debate legislativo, Ecuador posee más de un centenar de zonas reconocidas para surf y deportes relacionados con el mar.

La intención es evitar que futuras obras o intervenciones afecten estos espacios naturales sin una evaluación previa de impacto.

Con esta aprobación, Ecuador incorpora nuevas herramientas legales para planificar el uso de su litoral y reducir impactos sobre ecosistemas que durante años permanecieron sin una regulación específica.